TODO LO QUE SANTOS TOCA
SE CONVIERTE EN ORO
Una ley de TIC que elimine el tratamiento
desigual entre el sector de las telecomunicaciones y la industria de los
contenidos, la comunicación y los medios en Colombia
JUAN CARLOS GARZÓN BARRETO
Doctorando en Derecho
de la Universidad Externado de Colombia
Profesor de
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas.
Copenhague, Dinamarca.
Día de los educadores colombianos. Mayo 15 de 2019.
Desde hace algunos meses el
gobierno de Colombia apoyado por algunos sectores del gremio de las TIC y las
telecomunicaciones intenta lograr la aprobación afanosa del polémico proyecto de Ley de TIC en el
Congreso de la República.
Con nuevos datos y visto el curso
reciente de los acontecimientos, en ejercicio del derecho a la información, me
propongo compartir el estado de mi opinión sobre el asunto[1],
revisar[2], algunas[3]
posturas[4]
críticas[5] que previamente[6]
he manifestado[7]
en torno al proyecto de Ley de TIC y respecto[8]
del sector[9]
de las comunicaciones[10],
así como voy a plantear la propuesta de un pacto social para asumir en Colombia
la protección de la industria de la comunicación y los medios como un modelo
democrático de negocios.
Obviamente, no desconozco el
riesgo de formular propuestas de concertación en un país que ha sido conducido
de uno y otro lado a niveles exacerbados de antipática y fastidiosa
polarización política.
De antemano ofrezco disculpas porque a continuación, aprovechando la primavera que mis ojos están viendo venir en esta fría Península Escandinava, voy a escribir algunas cosas herejes e iconoclastas que revisan y modifican sustancialmente planteamientos que pública o privadamente había realizado durante los 20 años que he dedicado a estudiar los temas de la libertad de expresión, la comunicación, la televisión, las telecomunicaciones y los medios en el país; asuntos propios de la tesis doctoral sobre el derecho a la comunicación en Colombia que estoy desarrollando mientras ando visitando y aprendiendo de la experiencia de los países del Mar Báltico que en 1976 ayudaron a llevar el debate internacional sobre el derecho humano a comunicar, a la XIX Conferencia General de la UNESCO.
En tanto el Congreso de la República
de Colombia discute la eventual aprobación del Proyecto de Ley de TIC, me
siento en el derecho ciudadano y en el deber profesional de escribir estas
líneas, mientras pienso en las reales posibilidades de desarrollo laboral y
profesional de los centenares de comunicadores sociales y periodistas que personalmente
ayudé a formar durante los últimos cuatro lustros, al igual que cruzan por mi
mente las reflexiones sobre el destino profesional del centenar de jóvenes que
hoy asisten a los cursos de política y ciudadanía, y sociología de la
comunicación que actualmente oriento en la universidad pública del Distrito
Capital.
La gran inconveniencia del
proyecto de Ley de la Ministra Sylvia Constaín y de algunos gremios de las TIC
y las telecomunicaciones no está en que el país carezca de la necesidad de
formular una iniciativa legislativa que corrija las asimetrías del mercado en
el sector; facilite la estructuración de un regulador convergente y
auténticamente autónomo del gobierno de turno, además de técnico y
participativo en la designación de sus miembros; así como que facilite los
procesos para el incremento de la conectividad y el desarrollo de la
información y la comunicación en Colombia. En mi sentir no hay discusión sobre
el derecho del sector de las telecomunicaciones y las TIC a desarrollar
negocios en el mercado colombiano y de paso contribuir a la conectividad
nacional, mi debate es otro.
El pulso por la prevalencia de la
comunicación abierta y los contenidos plurales que impulsó la UNESCO en los
años 80 del siglo XX con el informe McBride fue soslayado por el discurso de la
conectividad, las redes, los mercados y la gobernanza de las redes que en las
Cumbres Mundiales de la Sociedad de la Información de Ginebra (2003) y Túnez
(2005) lideraron la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, las
corporaciones privadas internacionales, mientras la sociedad civil mundial se
jugaba porque al menos se aceptará en la declaración de principios el concepto
de derechos de la comunicación.
Esta es la matriz global de la
situación que enmarca la crisis de la industria de los contenidos, las
comunicaciones y los medios en Colombia, en la política pública la conectividad
y las redes le están ganando el pulso a las industrias de la información, los
contenidos y los medios. Es necesario concertar.
El pecado original del proyecto
de Ley de TIC radica en que no constituye una verdadera solución integral a los
problemas del conjunto de la industria de las comunicaciones en Colombia, por
cuanto únicamente se centra en atender las necesidades e intereses corporativos
de los agentes del sector de las telecomunicaciones y las TIC, para buscar el
incremento del negocio legítimo de las redes, la conectividad y los datos en el
territorio nacional, pero se olvida por completo de la urgente tarea de brindar
atención del Estado y la sociedad a la difícil situación que viene atravesando
el modelo de negocios de la industria de los contenidos y los medios radiales,
audiovisuales, digitales, impresos y de publicidad exterior en Colombia.
Los propios datos de 2015/16 de
la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, señalan que “…la suma de los ingresos generados por la
prestación de los servicios de Internet móvil e Internet fijo llevó a que por
primera vez en Colombia los ingresos de Internet, con un 40,6%, fueran
superiores a los de telefonía fija y móvil” [11].
Si se tienden más redes de
conectividad en Colombia que permitan el acceso a Internet se crean nuevos
mercados para las empresas privadas que venden datos y vienen en ascenso en sus
ingresos. En nuestro mercado alguien gana particularmente con la Ley de TIC y
conectividad que promueve el gobierno nacional.
De tal manera que, este gran
pecado original del proyecto de Ley de TIC del gobierno nacional, se manifiesta
en que ofrece un generoso alivio económico al sector de redes de conectividad y
de distribución, pero olvida por completo la situación crítica que padece la
cadena de producción en los diversos sectores empresariales, independientes,
comunitarios y alternativos que son generadores de los contenidos que
finalmente circularán por las autopistas digitales, razón por la cual la
solución gubernamental estructurada en el proyecto de Ley de TIC es incompleta
y asimétrica desde el punto de vista de la política pública integral que la
situación nacional demanda.
Atender al sector de las redes y
la conectividad olvidando por completo a los generadores de contenidos es
apalancar una nueva falla estructural en el sistema comunicacional de Colombia.
Así, mientras el Proyecto de Ley
de TIC del gobierno nacional brinda un trato considerado al sector de las
telecomunicaciones y de las TIC, mediante una generosa e indiscriminada
política de alivios en las contraprestaciones y los estímulos, incluso de pago
con servicios, muy propia del Estado Interventor; ese mismo gobierno de Colombia trata asimétricamente y con
antipática indiferencia a la industria de los contenidos y los medios radiales,
audiovisuales, digitales, impresos y de publicidad exterior, a los cuales deja
a merced de la mano dura e invisible de un mercado info-comunicacional, cuya
crisis proviene, entre otras, de los efectos de las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones sobre el mercado de los contenidos y la información
en el país.
Dicha situación se explica
cuando, por ejemplo, se advierte que la facturación anual del mercado de TIC y
de redes de telecomunicaciones en Colombia fue del orden de los 32,8 billones
de pesos en 2017 y el mercado de la torta publicitaria propia del conjunto de
los medios de comunicación, según cifras de ASOMEDIOS del año 2012, apenas se
estimaba en 4,2 billones de pesos; en un país que tiene 572 canales autorizados
para el servicio de televisión, aproximadamente 1600 emisoras, más de 2,2 millones
de sitios web para el dominio.co, alrededor de 80 periódicos, revistas y otros
medios agremiados en la Asociación de Medios de Información, AMI, antigua
ANDIARIOS; además de las empresas de vallas o de publicidad exterior.
Por su parte ASOMEDIOS agremia a
47 empresas con medios o negocios del campo de la comunicación. Situación más
grave si se advierte que para 2018, según estimaciones de ASOMEDIOS y sus
agremiados, la torta de pauta publicitaria bordeaba la cifra de 1,8 billones de
pesos.
Un solo operador externo de
telecomunicaciones factura en el mercado colombiano más de cuatro (4) veces la
cifra de pauta publicitaria que se disputa el conjunto de los medios de
comunicación del país.
Entre otros, la Asociación de
Medios de Información, AMI, agremia a “Caracol
Radio S.A., Casa Editorial de las Sabanas SAS, Casa Editorial El Tiempo S.A.,
CEETTV S.A. Comunican S.A., Contenidos Digitales K SAS, Editora de Medios SAS,
Editora del Mar S.A., Editorial Aguas Claras S.A., Editorial La Patria S.A., La
República, Editorial la Unidad S.A., El Colombiano Ltda. y Cía. SCA., El
Heraldo S.A., El País S.A., El Pilón S.A., Enter.co., Galvis Ramírez y Cía.
S.A., Grupo Editado SAS., Grupo Nacional de Medios S.A., La Crónica SAS, La
Opinión (Colombia) - La Opinión S.A., Legis Información Profesional S.A.,
Pulzo, Primera Página, Publicaciones Semana S.A., Publimetro Colombia SAS, RR.
Editores Ramírez y Ramírez Ltda”.
Por su parte, ASOMEDIOS, entre
otros, agremia a diversos medios y empresas de comunicación en el país. “En Radio: Caracol Radio, RCN Radio, Blu
Radio, Todelar, Cadena Súper, Colmundo Radio, Organización Radial Olímpica,
Radiópolis, HJCK, Capital Radio, Javeriana Estéreo, La Voz de la Raza, Munera
Estman Radio, Emisora Fundación Carvajal, Radio Viva Pasto, Ondas de la
montaña, Radio Guatapurí, Red Sonora, Emisora Universidad Tadeo Lozano,
Univalle Estereo, Inrai (HJ Doble K), Emisora Ecos de Pasto, Radio Robledo,
Estrella Stereo. En Televisión: Caracol Televisión, RCN Televisión, Citytv, Fox
Networks Group Latín América, Fox Telecolombia, Canal 1 (Plural
Comunicaciones), Procívica TV. Revistas: Cromos, Publicaciones Semana, Diners
(Ediciones Gamma P&M, Revista Gerente, Revista Bienestar (Colsanitas), Casa
Editorial El Tiempo. En Comunicación Visual: Efectimedios, López Publicidad
Exterior, Marketmedios, Metal Visual, OPE, Ultradifusión, Hanfrod S.A.S
(Valtec), Vallas y Publicidad JAC, Eucol S.A.S.
Medios Digitales: Kien y Ke”.
Lo anterior, sin contabilizar las
cifras de los “auténticos” medios comunitarios, sindicales, alternativos y sin
ánimo de lucro que además de la carencia de recursos propios tienen
restricciones incluso para acceder al mercado de la pauta publicitaria.
Dejando claro que cualquier forma
pública o privada de presión empresarial indebida a la libertad e independencia
de los periodistas y los trabajadores de la cultura y la regulación de las
comunicaciones resulta deleznable y aunque el hecho les produzca urticaria
anti-monopólica a algunos sectores de la opinión nacional, es necesario
reconocer que estos son los principales empresarios que mal o bien invierten en
los medios de comunicación del país y generan plazas de empleo para los
comunicadores sociales, periodistas, diseñadores, fotógrafos, publicistas y los
profesionales de otras carreras afines al sector info-comunicacional que año a
año son formados en las instituciones de educación superior de Colombia.
En este contexto, es bueno
preguntarse a qué cifra asciende el empleo de los profesionales de la
comunicación que está generando el sector de las telecomunicaciones y las TIC
en Colombia, en relación con las plazas de trabajo que crea la industria de los
contenidos y los medios radiales, audiovisuales, digitales, impresos y de
publicidad exterior públicos, privados, comunitarios y alternativos que además
de participar del ámbito económico e industrial permiten el desarrollo del
mercado de las ideas y la producción y circulación de información nacional,
regional, local y sectorial, así como la producción de contenidos nacionales
para el mantenimiento de la identidad plural colombiana y la soberanía cultural
de la nación.
Frente a este panorama, es
deseable preguntarle al Ministerio de la TIC, al gobierno nacional y al sector
parlamentario que se muestra favorable al proyecto de Ley de TIC: por qué razón,
por ejemplo, en el proyecto de Ley en curso, son tan generosos en buscar la
aprobación de la reducción de las contraprestaciones económicas y el pago en servicios
para una empresa extranjera de telecomunicaciones que en 2017 facturó en
solitario la suma de 8,1 billones de pesos, una cifra que es casi el doble del
valor total estimado de la torta publicitaria en 2012, la cual se ha estado disputando
el conjunto de las empresas de medios y comunicaciones en Colombia. Mercado de
la publicidad que parece haber llegado a la facturación de 1,8 billones en
2018.
No obstante, ese mismo gobierno
de Colombia no ofrece una política integral y diferencial de incentivos,
descargas tributarias y pago en servicios a la industria nacional y regional de
los contenidos y de los medios radiales, audiovisuales, digitales, impresos y
de publicidad exterior que generan empleo directo para los comunicadores,
periodistas y profesionales de carreras afines que se forman en Colombia. Además
de que estas empresas nacionales estimulan con sus inversiones el pago de
impuestos, la generación de otras plazas de trabajo nacional y la dinamización
de otras redes del circuito económico.
El proyecto de Ley de TIC del
gobierno nacional y algunos gremios, entre otros, tiene tratamiento generoso en
la extensión de las redes de conectividad para crear mercado de datos y voz
para una empresa extranjera que controla el 42,7% del mercado de televisión por
cable, negocios sin duda legítimos en Colombia, pero no tiene el mismo
tratamiento generoso y diferencial con los pequeños empresarios nacionales del
cable, las telecomunicaciones y la industria de los contenidos y de los medios
radiales, audiovisuales, digitales, impresos y de publicidad exterior que
luchan por sostenerse en el mercado info-comunicacional, mientras reducen
plazas de trabajo y soportan la crítica social por su frágil e incierta
posición monopólica. Naturalmente, los empresarios extranjeros gozan de la
posibilidad de hacer negocios en Colombia, pero no al costo de arrasar el
futuro de la industria y el empleo nacional.
Lo anterior, considerando que,
según cifras oficiales del Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior, SNIES, y sin contar a los profesionales ya formados e instalados o
expulsados del mercado laboral de comunicaciones y medios; se estima que entre
el año 2001 y 2017 las universidades colombianas formaron en el conjunto de las
regiones del país a 31.383 comunicadores sociales, periodistas y de carreras
afines, los cuales, salvo por el empleo en el eufemismo “free lance”, lo cual
no es otra cosa que trabajo precario, tienen muchas dificultades para acceder y
permanecer productivamente en el empleo en el sector de la comunicación y los
medios, así como para obtener tasa de retorno justa por la inversión que ellos
y sus familias realizaron en educación en el campo de la comunicación.
Los parlamentarios como voceros
políticos de sus regiones deberían demandar del Estado central la inversión
oficial en el desarrollo de la industria nacional, regional, local y sectorial
de la comunicación y los medios para garantizar a sus ciudadanos el ejercicio
pleno de los derechos a la expresión, la información y la comunicación; la
generación de plazas de trabajo no precario para los comunicadores sociales,
periodistas y profesionales afines; y la posibilidad de que los empresarios de
la industria de la comunicación y los medios sostengan sus inversiones en el
sector info-comunicacional bajo atractivos esquemas de recuperación de costos
más utilidad razonable.
Todo lo anterior, mediante el
solemne compromiso de garantizar el pluralismo; la veracidad, la imparcialidad
y la oportunidad de la información; la oferta de trabajo decente para los
trabajadores de la comunicación; el compromiso de desarrollar estándares y prácticas
de autorregulación informativa para controlar el abuso de la posición dominante
en el tratamiento de los asuntos relacionados con ámbitos en que el
conglomerado empresarial inversionista o propietario de medios tenga intereses
o conflictos políticos, económicos, sociales y culturales.
Así las cosas, la posibilidad de
trabajo decente para los jóvenes periodistas y comunicadores, no es solo una
responsabilidad de las empresas privadas de comunicación y de medios, sino ante
todo un problema estructural que debe atender la sociedad y el Estado que
permitió la proliferación y la oferta en Colombia de programas académicos de
formación profesional en comunicación social, periodismo y carreras afines al
campo info-comunicacional.
Dicha situación también convoca
la responsabilidad de un Estado que desde los años 90 del siglo XX privatizó
TELECOM, marchito a INRAVISIÓN y profundizó la liberalización del sector de las
telecomunicaciones y de los medios de comunicación radiales y televisivos,
razón por la cual hoy el Estado debe hacerse cargo de las consecuencias o
efectos no deseados de la implementación de sus políticas de las tres décadas
pasadas.
Obviamente ningún observador
certero será tan ingenuo como para desconocer que al amparo de ese proceso de
liberalización crecieron los “arrancados mediáticos y digitales” y los grandes
y monopólicos del mercado de la comunicación y los medios en Colombia, pero hoy
que el empleo nacional en el sector, los contenidos de la identidad nacional y
la soberanía cultural, la posibilidad de información veraz e imparcial de
origen propio y la industria de la comunicación, están corriendo particulares
riesgos en el mercado global de las teleco, las OTT, y el avance de Google o
Facebook.
Estos nuevos agentes que se meten
en nuestro mercado nacional y en el de Europa y los Estados Unidos, muerden la
yugular de la torta publicitaria nacional, razón por la cual, al pensamiento y
a la masa crítica del sector, le será necesario decidir si se le pasa la cuenta
de cobro final al monopolio criollo o se reconoce que quizás estamos ante aquella
que James Garrett llamaba “la tragedia de los comunes”, y lo mejor será buscar
la construcción de un gran “pacto nacional” para evitar que el sistema
productivo comunicacional del país sea absorbido por el espejismo de un mundo
sin fronteras.
Esta es una falla estructural del
proyecto de Ley de TIC, en tanto se desperdicia otra oportunidad para construir
una solución integral que ponga a salvo a la industria de los contenidos, la
comunicación y los medios, a la cual el gobierno y el Congreso de la República
le estarían dando la espalda una vez más.
Frente a la crisis de las plazas
de empleo para los periodistas y los comunicadores en los medios, entre otros,
relacionada con los efectos de la irrupción de las redes y las nuevas
tecnologías en el ejercicio de la actividad periodística; la formación de los
nuevos profesionales del sector y las dificultades del modelo de negocios de la
comunicación y los medios, recientemente, se pronunciaron los periodistas:
Claudia Palacios, Mabel Lara y Germán Manga. Así mismo, hace algunos días,
Fidel Cano, Director de El Espectador insinuaba en sus redes sociales que las
gentes quieren buena información, pero no compran periódicos. Argumentos que
sería deseable considerar en el debate público para la estructuración de una
alternativa integral de solución a la crisis del sector.
Por su parte, en abril de 2019 la
llamada “Liga contra el silencio” señalaba que “Entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, alrededor de 320 personas
perdieron sus empleos en varios medios de comunicación colombianos. De
Publicaciones Semana salieron casi 90; de Editorial Televisa Colombia (casa
editorial de Tv y Novelas, National Geographic y otras publicaciones), más de
100; en El Tiempo Televisión fueron cerca de 120; más otros 13 en VICE Colombia
y siete en Semana Rural. Entre agosto y octubre del 2018 salieron otras 90
personas de NTN24, canal de televisión que hace parte del grupo RCN. En
diciembre de 2017 la presidencia de RCN Televisión fue asumida por José Roberto
Arango, economista reconocido por “salvar” empresas que están en crisis o a
punto de declararse en quiebra. Arango dejó el canal en octubre del año pasado” [12].
De otra parte, recientemente y
frente al despido masivo de este grupo de periodistas, Gloria Vallejo,
Presidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, escribió un comunicado
intitulado “El periodismo afronta momentos difíciles”, en el cual manifestó que
“Es entendible la delicada situación
económica por la que atraviesan los medios de comunicación en Colombia. Pero
hay un límite, una responsabilidad con la opinión pública que debe ser tenida
en cuenta (…) Es necesario que los propietarios de los medios, los directores,
las áreas administrativas de las empresas dedicadas al periodismo y los
gremios, abramos un gran debate sobre realmente qué necesita el país en materia
de información (…) Desde la presidencia del CPB hacemos un llamado a los directores y
dueños de los medios de comunicación en el país para buscar salidas urgentes a
esta difícil y triste situación que hoy está viviendo el periodismo en
Colombia” [13].
En el llamado público que hace la
presidenta del CPB para atender la difícil situación del sector de las
comunicaciones se invoca la responsabilidad empresarial de los propietarios de
los medios de comunicación en Colombia, incluso por meter periodistas y
comunicadores jóvenes en las redacciones, pero se olvida por completo demandar
la urgente intervención del Estado y los gobiernos de turno para corregir la
crisis estructural que afronta la industria de la comunicación y los medios en
el país.
Con toda seguridad al
empresariado de la comunicación y los medios del país no le faltará buena
voluntad para pensar en un destino mejor, pero al final del día este es un
asunto estructural del mercado que incluso hoy debaten los tomadores de
decisiones estatales en Norteamérica y en la Comunidad Europea.
El empresariado nacional de la
comunicación y los medios como agentes del mercado económico y de las ideas tiene
todo el derecho a demandar del Estado una política que les garantice recuperar
sus costos y obtener utilidad razonable en el mercado, pues, finalmente son
proyectos empresariales y no casas de beneficencia que tengan por objeto suplir
la incapacidad de los gobiernos para brindar bienestar a sus ciudadanos, lo
cual no significa que les corresponda ser ajenos a la función social de la
propiedad o a la responsabilidad social empresarial y de los medios.
Mal puede un Estado serio
ofrecerle al empresariado privado una expectativa de negocio en los procesos
licitatorios públicos y por el camino cambiarles las reglas del juego o
permitir que otros jugadores del mercado interfieran con prácticas indebidas o
beneficiándose de los vacíos regulatorios y las asimetrías del sistema.
La industria de la comunicación y
los medios nacionales y regionales, al igual que otros sectores del
empresariado, al final del día, por más compromiso de país que tengan deben
pagar la nómina del trabajo decente que los trabajadores del sector requieren;
cancelar las sumas asociadas a las concesiones; sufragar el pago de los
diversos impuestos a la renta, las ventas, el predial; así como asumir los
costos de los servicios públicos, entre otros.
Todo esto ocurre mientras en el
universo digital y de redes al que son empujados los proyectos empresariales
tradicionales o de trayectoria en la comunicación y los medios, los usuarios
desean que el acceso a los contenidos generados por estas empresas les sea
permitido en forma totalmente gratuita.
Así, en este nuevo circuito
económico y modelo de negocios se anhelan nuevas plazas de trabajo decente y
contenidos e información de calidad para las ciudadanías diversas, pero no se
desea asumir el pago ciudadano de los costos económicos empresariales que
genera la prestación de estos servicios.
Es necesario revisar la crisis de
este modelo de negocios, la cual no se resuelve con formar mejores
comunicadores y periodistas o interpelando amablemente al buen corazón de los
empresarios, pues, en últimas se trata de un problema estructural del mercado
generado por los usos de las nuevas tecnologías y por las políticas erróneas y
asimétricas del Estado frente a las redes y los contenidos, y por tanto es en
las instancias oficiales el escenario político en que se debe resolver
estructuralmente el asunto.
En Colombia es usual que luego de
suscribir los contratos de concesión, en el trámite legislativo de otras leyes,
se les asignen nuevas cargas a los empresarios del sector mediante reiteradas
obligaciones para atender necesidades de divulgación de diversas poblaciones u
objetos sociales, como si se tratará de medios públicos y no se afectará incluso el equilibrio contractual de la proyección de ingresos sobre la cual se
suscribió el acuerdo público – privado de voluntades.
Así, se aboga por conceder
legítimos espacios sobrevinientes de medios para las personas con discapacidad,
los grupos étnicos, los veteranos, el control de la obesidad, las víctimas,
todos los cuales, naturalmente gozan del derecho a la comunicación, eso está
fuera de la discusión, pero corresponde también que el Estado respete, según
corresponda, los términos de la concesión o la contratación privada y el modelo
de negocios de la industria de los contenidos y de los medios radiales,
audiovisuales, digitales, impresos y de publicidad exterior.
En este contexto, por ejemplo, es
deseable recordar que, según los estados financieros del Canal RCN Televisión,
la compañía tuvo “pérdidas de $91.462 en
2016, $95.135 millones en 2017 y que se dispararon a $233.758 millones en
2018”. Según estos datos, en tres años el Canal RCN tuvo pérdidas totales
por $420.355 millones, es decir, perdió 3.2 veces lo que le costó la prórroga
de la concesión entre 2019 y 2029, la cual se estimó en la suma de 128 mil
millones de pesos[14].
Si se considera que entre 2008 y
2018 los ocho (8) canales públicos regionales recibieron del FONTV un
presupuesto total de $575.229 millones de pesos, se puede afirmar que RCN
perdió en tres años el 73% del monto que Colombia entregó a los operadores
regionales de televisión en 10 años[15].
La clase política, el Estado, el
gobierno y los defensores del empleo decente para los 32 comunicadores sociales
y periodistas que, naturalmente, no va a ocupar laboralmente este canal, no
deberían ser ajenos a estas manifestaciones de la crisis del sector de la
comunicación y los medios.
Si bien es cierto existen legítimas
críticas ciudadanas por el sesgo informativo del Canal RCN y algo audaz tendrá
que hacer este proyecto empresarial para volver a conectarse con sus
audiencias, es deseable recordar que ante la crisis de este modelo de negocios
el canal se ha visto en la necesidad de suprimir puestos de trabajo, toda vez
que se reduce la utilidad operacional y el incentivo para invertir en la
industria info-comunicacional en Colombia. Y eso que los canales nacionales
privados de televisión, por fortuna, pertenecen a grupos económicos monopólicos
de gran músculo financiero que les permiten resistir las inclemencias de un
mercado comunicacional en plena transformación.
Desde otra perspectiva, también vale
la pena recordar que el artículo 180 de la Ley 1819 de 2016, modificó el
artículo 437-2 del Estatuto Tributario estableciendo un impuesto al valor
agregado del 19% al “a. Suministro
de servicios audiovisuales (entre otros, de música, videos, películas y juegos
de cualquier tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo de evento). b.
Servicio de plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles. c.
Suministro de servicios de publicidad online. d. Suministro de enseñanza o
entrenamiento a distancia”[16].
En este punto debemos advertir que otro de los grandes pecados del
proyecto de la Ley de TIC, pero ese si pecado mortal, es la carencia de
estudios específicos del gobierno sobre el impacto económico y financiero real
de la aprobación e implementación de la iniciativa legislativa de conectividad
y reestructuración del sector de las telecomunicaciones. En las posibles
demandas de acción de repetición y/o de pérdida de investidura quizás aparezca
el tamaño real de la bolita.
En relación con el recaudo fiscal generado por el impuesto a los “servicios audiovisuales, servicios de
plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles, servicios de
publicidad online y suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia”,
se aprecia que, según cifras entregadas por el Estado colombiano a la CEPAL,
por este concepto la DIAN recibió por el segundo semestre de 2018 “cerca de 12 millones de dólares (un poco
más de 37.000 millones de pesos) por concepto de IVA a los servicios digitales
(…) Con esos datos, la Cepal calculó que el recaudo potencial del IVA a estas
plataformas digitales en el país puede llegar al año a los 52,6 millones de
dólares”.
En un acto justicia empresarial, tributaria y ciudadana, el conjunto
de estos recursos que se generan en el sector de las comunicaciones podrían ser
recaudados y reinvertidos a través de un fondo público estatal para el fomento
de los contenidos informativos, culturales, étnicos, comunitarios, alternativos
y ambientales que genera la industria de los contenidos, los empresarios
de la comunicación y los medios
radiales, audiovisuales, digitales, impresos y de publicidad exterior que crean
empleo nacional en Colombia.
Muy interesante, por ejemplo, que
las versiones digitales de todos los periódicos y revistas nacionales y
regionales del país, incluidas todas las asociadas a ASOMEDIOS, la AMI, Revista
educativa de FECODE, la Voz Proletaria, la Bagatela y otras que ayuden a
construir opinión plural en Colombia,
estén a disposición de la ciudadanía mediante una inversión pública
social para estimular la industria de la comunicación y los medios en el país,
generar información pluralista de calidad, sostener el empleo decente en el
sector, fomentar la inclusión de los grupos étnicos, las personas con
discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, entre otros. Los productores
independientes, los medios universitarios y los centros de investigación también deberían ser invitados a participar
de una iniciativa de esta naturaleza.
Una sociedad que reinvierte los
tributos generados por el sector digital en contenidos culturales, recreativos,
informativos y de opinión pluralista para incrementar la cultura política
democrática, cualificar el debate y la participación social para garantizar la
salud de la democracia. Esto sería invertir con sentido estratégico
comunicacional los recursos que genera el sector privado en Colombia. Con toda seguridad
la inteligencia crítica del país podría ayudar a pensar en una fórmula
razonable de distribución o en algún algoritmo ingenioso para no tener que ir a
una guerra civil por este asunto.
En muchas ocasiones las
iniciativas legislativas o regulatorias de otros ámbitos de la actividad social
terminan por afectar y profundizar la crisis de la industria nacional de la comunicación
y los medios, para no ir muy lejos, por ejemplo, la actual Alcaldía de Bogotá
está tramitando ante la Corporación Autónoma Regional, CAR, el concepto
favorable para un Proyecto de Acuerdo Distrital para la Modificación del Plan
de Ordenamiento Territorial –POT-.
Este Proyecto de Acuerdo que se
pretende llevar para el conocimiento y aprobación del Concejo de Bogotá, en su
artículo 101, prácticamente acaba con la posibilidad real de desarrollar
industria y negocio en la localización de la publicidad exterior visual, pues
contrae la instalación de vallas a los lotes vacíos de la ciudad y el uso
parcial de las culatas de ciertas edificaciones. Este tipo de medidas carentes
de visión integral de sus efectos sobre la industria prácticamente terminan afectando
al mercado comunicacional y publicitario, y en últimas incrementando la
tendencia de reducción de plazas de trabajo en esta actividad económica
publicitaria, legitima en Colombia, por cierto.
En tal sentido, sería deseable
que el conjunto de la sociedad colombiana comprenda que el financiamiento
estatal al ejercicio del derecho a la información que desarrolla la industria
privada, comunitaria y alternativa de la comunicación y los medios en el país,
es una inyección de capital que potencia las cadenas de producción del mercado
info-comunicacional y de las ideas, razón por la cual no constituye un subsidio
al mercado sino una inversión en la salud de la democracia contemporánea, la
cual demanda libertad de expresión e información de calidad para estimular la
construcción de cultura política democrática para alcanzar la paz y la
convivencia que finalmente enrumbe a Colombia hacia un destino mejor.
Qué bueno sería, por ejemplo, que
en un nuevo pacto social para la generación de empleo decente de los
trabajadores de la comunicación y la producción y circulación nacional,
regional y local de información de calidad, todos los ciudadanos que serán
beneficiarios de las redes de conectividad, reciban también los paquetes de
datos, necesarios y suficientes, para poder acceder al conjunto de las
ediciones digitales de todos los periódicos y revistas nacionales, regionales,
locales, y a las publicaciones del país,
sobre la base de construir un modelo de negocios en que los fondos
públicos dispongan de bolsas de recursos financieros e incentivos tributarios
razonables a los que puedan acceder los medios privados, comunitarios,
sindicales, alternativos para crear audiencias beneficiarias de sus contenidos
informativos.
Estimular la producción y
circulación de información de calidad significa poner en marcha una estrategia
en que la protección de la industria de la comunicación y los medios en
Colombia se constituya en un modelo democrático de negocios.
Vistos todos estos elementos, se
encuentra que las mencionadas manifestaciones de la Presidenta del CPB,
confirman la necesidad de reformar y profundizar el estudio y el análisis de la
situación de la comunicación y los medios en el país, pues, al final del día, el
problema no es que los grupos empresariales monopólicos de Colombia hagan
inversiones en el deprimido mercado de la info-comunicación para generar plazas
de empleo precario en el país, sino que lo grave e intolerable sería que
abusaran de su posición dominante. El calor no está en las sabanas.
El archivo histórico de los
debates de la Asamblea Constituyente de 1991, en lo relacionado con la gestión
del espectro electromagnético, revelan que lo censurable en un mercado no es la
existencia de posición dominante de un agente del mercado sino el abuso
empresarial de la misma.
Este debería ser el punto de
partida para debatir el nuevo pacto social entre el Estado, el mercado, las
ciudadanías diversas y la industria de la comunicación y los medios en
Colombia: aceptar que en el país existen conglomerados de medios de propiedad
de grupos económicos cuyos capitales, en algunos casos, provienen del sector
industrial, financiero y de servicios o son capitales familiares regionales.
Estos proyectos empresariales se
desarrollan habida cuenta que la Constitución Política que reconoce los
derechos a la expresión, la información y la libertad de fundar medios también
garantiza la propiedad privada, la libertad de empresa, la libre iniciativa, la
competencia económica y la prestación de servicios públicos por parte de los
particulares. Conjunto de derechos todos estos que deben ser ponderados en su
aplicación, pues como lo ha manifestado el Tribunal Constitucional: “entender algunos derechos como absolutos
puede constituir una negación de la juridicidad”.
En suma, en Colombia no es
pecaminoso hacer empresa o desarrollar negocios, por el contrario, es
absolutamente constitucional. En el discurso público de algunos actores
sociales pareciera percibirse que hacer empresa o negocios en el país o
comprender la situación crítica del empresariado nacional es un acto
pecaminoso. Estos asuntos deben ser objeto de un renovado análisis y de la
formulación de soluciones audaces y creativas.
Así pues, razones válidas no le
faltan a la Señora Ministra de TIC para sustentar la necesidad de una propuesta
nacional de conectividad que venga a suplir los inciertos resultados del
proyecto “Vive Digital”, el cual, con parte de los 9,9 billones de pesos que,
entre 2010 y 2017, recibió el FONTIC como contraprestación del sector privado,
enterró en diversas regiones del país infraestructura marginal de
telecomunicaciones y nuevas tecnologías que hoy en día prácticamente se las
está tragando la manigua. Al país y al control político parlamentario se le
debe una explicación sobre los verdaderos alcances y resultados de esta cuantiosa
inversión pública en conectividad.
Así mismo y para sorpresa de la
Nación, desde 2013 y hasta la fecha, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1507
de 2012, aún pervive el llamado “Patrimonio Autónomo de Remanentes de la
Comisión Nacional de Televisión, PAR-CNTV”, que es un contrato de
fiducia mercantil cuya administración continúa generando gasto de los recursos
públicos y al cual le fueron trasladados los bienes de la difunta Comisión
Nacional de Televisión, CNTV. De la excesiva pervivencia de este PAR-CNTV y su
gasto y administración de recursos públicos, no se conoce acción de control
político por parte del Congreso ni pronunciamiento fiscal de la Contraloría
General de la República.
Hoy el proyecto de Ley de TIC del
gobierno nacional, mediante la derogatoria de la Ley 1507 de 2012, pretende por
el mismo procedimiento liquidatario darle los santos oleos a la Autoridad
Nacional de Televisión, ANTV, cuando aún, prácticamente hablando, ni siquiera
ha concluido la liquidación final del PAR-CNTV que sucedió a la extinta CNTV.
Para poner un solo ejemplo, en la
actualidad el PAR-CNTV- Contrato de Fiducia Mercantil que sucedió a la difunta
CNTV, continua en poder de los archivos del patrimonio audiovisual de Colombia
que antes custodiaba la Fundación Patrimonio Fílmico colombiano, y esta misma
fiducia, a su vez tiene celebrado un contrato con la empresa “Grabando
Archivos S.A.S.” para administrar dichos bienes. ¿Estas operaciones con
los recursos públicos se hará mediante contratación pública o privada directa?
¿Por qué estos archivos audiovisuales de patrimonio nacional no están en manos
del Archivo Nacional o del operador público RTCV?
Francamente no hay derecho a que
los recursos que con tanto esfuerzo empresarial genera el sector privado de la
televisión en Colombia, RCN, Caracol Televisión y los Cableros, sean manejados
en forma tan folclórica. Algo deberá hacer el control político parlamentario o
la Contraloría General de la República.
Quizás este asunto del manejo
inadecuado de los recursos públicos del sector de la televisión no importa
mucho a la ciudadanía en general ni a los servidores públicos competentes
porque finalmente los recursos consignados en dicha bolsa pública fueron
aportado por empresas privadas que, en conjunto, se deben al reprochado capital
monopólico.
En esta misma línea vale de
argumentación vale recordar que el pago indemnizatorio de los salarios y las
prestaciones sociales de los miembros de la Junta Directiva de la ANTV que, de
aprobarse la Ley de TIC, serán despedidos de sus empleos sin concluir los
periodos fijos para los cuales fueron elegidos o designados, según cifras
públicas de la propia ANTV, le costarían al erario público una suma cercana a
los 2.155 millones de pesos, sin que a la fecha, la Contraloría General de la
República se haya pronunciado sobre el detrimento patrimonial que significará
la derogatoria del conjunto de la Ley 1507 de 2012, como expresamente lo dispone
dicha iniciativa legislativa.
En la respuesta brindada el
pasado mes de abril por la Ministra de TIC, Sylvia Constaín, frente al derecho
de petición incoado por el Senador Antanas Mockus (Radicado MINTIC 192025842[17]),
se advierte muy claramente que el proyecto de Ley de TIC carece de estudios de
impacto fiscal, económico y financiero sobre la implementación del cambio de
régimen de contraprestaciones y pagos por servicios.
La respuesta brindada por el MINTIC no va al fondo de las preguntas planteadas por el senador Mockus lo que evidencia la falta de sólidos argumentos económicos y financieros que sustenten la iniciativa legislativa gubernamental.
La respuesta brindada por el MINTIC no va al fondo de las preguntas planteadas por el senador Mockus lo que evidencia la falta de sólidos argumentos económicos y financieros que sustenten la iniciativa legislativa gubernamental.
Esta situación de ausencia de
elementos de análisis económico y financiero para la toma de decisiones públicas
por parte de los funcionarios públicos del sector de las tecnologías de la
información y las comunicaciones es reiterada.
Recientemente, el nuevo gerente
que el gobierno nombró en RTVC para reemplazar al polémico periodista Juan
Pablo Bieri, Doctor Juan Ramón Samper, se inauguró en el cargo escribiendo en
el diario El Tiempo un artículo[18]
sobre la Ley de TIC y el financiamiento de la televisión pública, cuyos datos y
argumentación tuvieron que ser inmediatamente rectificados[19]
por la propia Directora de la ANTV.
El Doctor Samper vino a
explicarnos que en el país la televisión abierta se financia con la pauta publicitaria
y que la televisión cerrada obtiene sus ingresos con la venta de suscripciones
y que a la vez con los recursos financieros que genera este esfuerzo empresarial
privado se financia la televisión pública en Colombia. No lo sabíamos doctor
Samper, muchas gracias.
También se advierte, muy
claramente que, en la respuesta ofrecida por la Señora Ministra de TIC en el
radicado MINTIC 192025842, se ignora que los cargos ocupados por los miembros
de la Junta Nacional de Televisión, ANTV, que serán retirados del servicio, no
son cargos de la carrera pública administrativa como incorrectamente se intenta
sustentar citando la Sentencia C-288 de 2014.
Aquí no hay que confundir los
conceptos, pues, ciertamente el género de la función pública estatal se cumple
mediante las especies de desempeño de empleos públicos de carrera, de libre
nombramiento y remoción, de período fijo y temporales.
La Sentencia C-288 de 2014 se refiere
a los empleos públicos de carrera, los cuales son diferentes de los empleos de
período fijo como los que ocupan los miembros de la junta Directiva de la ANTV
y la CRC.
Posiblemente los funcionarios del
Estado que adopten la decisión de liquidación de la ANTV deberán responder por
el monto de las indemnizaciones que se causen por el retiro anticipado de los
miembros de periodo fijo de la junta de la ANTV y la CRC, cuyos empleos son de
período fijo.
En el caso de la liquidación de
la CNTV antecede la situación del Comisionado Nacional de Televisión Alberto
Guzmán, a quien se le permitió seguir desempeñando el cargo a pesar de la
liquidación de la entidad. El derecho a la igualdad quizás sea un argumento
para las futuras controversias legales de quienes quedarán en legitima posición
de demandar al Estado. Las indemnizaciones para los Directivos de la ANTV y la
CRC ascienden a una suma muy superior a los 3.000 millones de pesos.
Como lo advirtió el pasado mes de
marzo el Doctor Germán Vargas Lleras, la modificación del régimen de
habilitación general y de contraprestaciones económicas del sector de las TIC y
la televisión, supondrá en televisión abierta una reducción de 180 mil millones
de pesos para los ingresos públicos del sector, en relación con la reciente prórroga de los contratos de concesión.
En relación con estas cifras del
Doctor Vargas Lleras, es deseable considerar que, en la formulación de
políticas de incentivos o alivios para la industria no se puede generalizar con
el prurito de nivelar la cancha del mercado, pues, es necesario considerar que,
por ejemplo, la televisión abierta tuvo que hacer grandes inversiones en
infraestructura para reconvertir sus redes analógicas a la televisión digital
terrestre, además de tener que hacer inversiones en la producción de
contenidos. Todas estas preocupaciones no las tiene el gremio de la televisión
cerrada, cableada o satelital, cuyo negocio es comercializar contenidos de
terceros e instalar redes para la celebración de contratos de suscripción.
Por tales razones, la posible situación
de disminución de los ingresos públicos de los sectores de TIC y de televisión,
fue valorada por la Contraloría General de la República en el concepto que
emitió a finales de 2018 a solicitud del Senador Antanas Mockus.
¿Quién responderá por el
detrimento patrimonial al Estado, la eventual acción de repetición y las
posibles demandas por perdida de investidura de los congresistas que están
siendo inducidos a votar favorablemente el proyecto de Ley de TIC, sin brindarles suficiente información veraz e imparcial?
En Colombia el panorama y el
pulso por la aprobación de la Ley de TIC empieza a definirse por la lógica de
la distinción aquella que nos enseñó el Doctor Álvaro Gómez Hurtado en el
sentido de que “una cosa es el Estado y
otra es el régimen”.
El Consejo de Ministros acaba de
aceptar, respecto del proyecto de Ley de TIC, el impedimento extemporáneo de la
Doctora Nancy Patricia Gutiérrez, ex-presidenta del gremio de la telefonía
móvil: ASOCEL, sector que se verá beneficiado con la nueva medida, cuando ya se
le dio mensaje de urgencia al proyecto de Ley de TIC y el propio Ministerio del
Interior negó el derecho a la Consulta Previa que solicitaron los pueblos indígenas
desde el año 2018.
Finalmente, frente al Proyecto de
la Ley de TIC, confiamos en que se puedan atenuar los conflictos de interés que
se le han endilgado a las Señoras Ministras de TIC y del Interior, así como en la
buena actuación del gobierno nacional. Quizás por ello, hace algunos días, el
presidente Iván Duque fue personalmente a California (EUA) para entrevistarse,
entre otros, con Tim Cook, CEO de la corporación Apple, prometiendo el
mandatario nacional que en unos años Colombia se convertirá en el Silicon
Valley de América Latina. Ojalá y los Santos lo escuchen.
El ex - presidente Juan Manuel
Santos Calderón en su libro “La batalla
por la paz”, al referirse al presidente Iván Duque Márquez, escribe: “confió en su buena índole y tengo buenas
razones para hacerlo pues trabajó conmigo desde cuando tenía unos 20 años y
estudiaba derecho en la Universidad Sergio Arboleda (…) Me lo recomendaron por
partida doble: Lulú Bernal dueña de la emisora Radio Santa Fe, que era muy
amiga de su mamá y también buena amiga mía, y el empresario Samuel Yohai, que
era muy cercano a su padre Iván Duque Escobar” [20].
Pareciera ser que al igual que el
“Rey Midas”, todo lo que Juan Manuel Santos toca se convierte en oro, pues hoy
el joven abogado Iván Duque Márquez es el Presidente de la República Colombia,
y el Doctor Samuel Yohai, quien presentó a Duque con Santos, es el presidente
de la Cámara Colombiana de Informática y las Telecomunicaciones (CCIT).
Al referirse a la carrera
profesional brillante del doctor Samuel Yohai, la Revista Dinero del 4 de enero
de 2015 lo calificó como un “hiperconectado” al cual describió
en los siguientes términos:
“En la última década [Samuel
Yohai] ha mantenido su residencia en Colombia donde funge, desde hace casi
3 años, como presidente de la Cámara Colombiana de Informática y las
Telecomunicaciones (CCIT), que agrupa a las más poderosas firmas del sector y
que están en el grupo de las premium del mundo empresarial colombiano: la CCIT
representa 4,5% del PIB colombiano.
Allí están afiliadas, entre otras, Claro, Telefónica, IBM, Google, HP,
Samsung, Ericsson, Oracle, Intel y una larga lista de 72 empresas. Este
universo de compañías tiene una enorme diversidad geográfica de origen: España,
México, Estados Unidos, Suecia, China, Corea del Sur y obviamente Colombia”[21].
Definitivamente, pareciera que
todo lo que Juan Manuel Santos toca se convierte en oro, ojalá le hubiera
metido mano a la difícil situación de la industria de los contenidos, las
comunicaciones y los medios radiales, audiovisuales, digitales, impresos y de
publicidad exterior de Colombia, los cuales tuvieron que despedir cerca de 320
periodistas en los últimos meses y han soportado la disminución de la pauta
publicitaria a 1,8 billones de pesos, mientras el gremio que dirige el Doctor
Samuel Yohai facturó en el año 2017 la suma de 32,8 billones de pesos en el
mercado colombiano.
Este es un muy buen resultado empresarial y gremial si se considera que el presupuesto total de la ciudad de Bogotá para el año 2019 apenas será de 25,6 billones de pesos.
Este es un muy buen resultado empresarial y gremial si se considera que el presupuesto total de la ciudad de Bogotá para el año 2019 apenas será de 25,6 billones de pesos.
El gremio que dirige el Doctor
Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y las
Telecomunicaciones (CCIT), será uno de los grandes beneficiarios económicos y
corporativos de la eventual aprobación del proyecto de Ley de TIC de Colombia.
Definitivamente todo lo que tocan los Santos se convierte en oro.
[1] JUAN CARLOS GARZÓN BARRETO.
(2018). PROYECTO DE LEY DE TIC-COLOMBIA
No. 152/18-SENADO, 220/18-CÁMARA. Una democracia amenazada por
convergencia. Disponible en: http://juancarlosgarzonbarreto.blogspot.com/2018/10/proyecto-de-ley-de-tic-colombia-no.html
[2] JUAN CARLOS GARZÓN BARRETO.
(2019). EL PACTO POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2018-2022. LA INTELIGENCIA CONSTITUCIONAL ARTIFICIOSA Y LA INDEBIDA CONCENTRACIÓN
DE FUNCIONES EN EL GOBIERNO DE TURNO. Disponible en: https://juancarlosgarzonbarreto.blogspot.com/2019/02/el-pacto-por-la-transformacion-digital.html
[3] JUAN CARLOS GARZÓN BARRETO.
(2018). CONTRALORÍA RATIFICA QUE
PROYECTO DE LEY DE TIC “Pa´ toda la vida”, 152/18-Senado, CARECE DE ESTIMACIÓN
DE INGRESOS Y EVALUACIONES DE IMPACTO FINANCIERO. Disponible en: http://juancarlosgarzonbarreto.blogspot.com/2018/12/contraloria-ratifica-que-proyecto-de.html
[4] JUAN CARLOS GARZÓN BARRETO.
(2019). EL TRÍO DIGITAL DEL MINTIC. LAS
INCONSISTENCIAS JURÍDICAS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS DEL PACTO POR LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018/22. Disponible
en: http://juancarlosgarzonbarreto.blogspot.com/2019/03/el-trio-digital-del-mintic-las.html
[5] JUAN CARLOS GARZÓN BARRETO.
(2018). NOTAS PARA EL ANÁLISIS CRÍTICO
DE LOS SUPUESTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO DE LEY DE TIC-Colombia,
152/18-SENADO, 220/18-CÁMARA -ELEMENTOS PARA LA DELIBERACIÓN PÚBLICA. Texto
corregido en su redacción con las generosas observaciones de los lectores.
Disponible en: http://juancarlosgarzonbarreto.blogspot.com/2018/12/notas-para-el-analisis-critico-de-los_68.html
[6] JUAN CARLOS GARZÓN BARRETO.
(2018). LA PARÁBOLA DE LA CONECTIVIDAD.
Disponible en: http://juancarlosgarzonbarreto.blogspot.com/2018/12/la-parabola-de-la-conectividad.html
[7] JUAN CARLOS GARZÓN BARRETO.
(2018). PROYECTO DE LEY DE TIC
152/19-SENADO, 220/18-CÁMARA. CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES Y REVISIÓN DE
ARTÍCULOS DEROGADOS. NOTAS PARA UNA LECTURA AL REVÉS DEL PROYECTO DE LEY DE TIC. Disponible en: http://juancarlosgarzonbarreto.blogspot.com/2018/11/proyecto-de-ley-de-tic-15219-senado.html
[8] JUAN CARLOS GARZÓN BARRETO.
(2017). ¿QUÉ ES LO QUE REIVINDICAN HOY LOS DEFENSORES ACRÍTICOS
DE LA LIBERTAD DE PRENSA? Disponible en: http://juancarlosgarzonbarreto.blogspot.com/2017/05/dia-mundial-de-la-libertad-de-prensa.html
[9] JUAN CARLOS
GARZÓN BARRETO et al., (2017).
PANORAMA DE LAS LEYES Y POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN EN COLOMBIA EN LA ÚLTIMA
DÉCADA. Coautor. En: RETOS A LA COMUNICACIÓN EN EL POSACUERDO:
POLÍTICAS PÚBLICAS, LEGISLACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS CULTURAS POLÍTICAS.
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales –IEPRI-. Centro de
Pensamiento en Comunicación y Ciudadanía. Universidad Nacional de Colombia.
2018.
[10] JUAN CARLOS GARZÓN BARRETO. (2015). TELEVISIÓN Y ESTADO EN COLOMBIA
1954 – 2014. CUATRO MOMENTOS DE INTERVENCIÓN DEL ESTADO. 2015. UNIVERSIDAD
EXTERNADO DE COLOMBIA. “La batalla inconclusa entre el gran sector
privado de la televisión, y las pequeñas empresas nacionales de televisión, y
entre los operadores instalados y los operadores entrantes”. Páginas
513 y Ss. 486.
[11] COMISIÓN DE
REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. CRC. REPORTE DE
INDUSTRIA DEL SECTOR TIC 2016. Disponible en: https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/Reporte_Industria_2017_Publicar_3.pdf Página 8.
[14]Citado en: GARZÓN
BARRETO JUAN CARLOS et al., (2017).
Panorama de las leyes y políticas de comunicación en Colombia en la última
década. Las principales coordenadas históricas de la libertad de expresión en
el constitucionalismo colombiano. Coautor. En: RETOS A LA COMUNICACIÓN
EN EL POSACUERDO: POLÍTICAS PÚBLICAS, LEGISLACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS CULTURAS
POLÍTICAS. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
–IEPRI-. Centro de Pensamiento en Comunicación y Ciudadanía. Universidad
Nacional de Colombia. 2018. P. 74.
[15] JUAN CARLOS GARZÓN BARRETO.
(2018). NOTAS PARA EL ANÁLISIS CRÍTICO
DE LOS SUPUESTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO DE LEY DE TIC-Colombia,
152/18-SENADO, 220/18-CÁMARA -ELEMENTOS PARA LA DELIBERACIÓN PÚBLICA. Texto
corregido en su redacción con las generosas observaciones de los lectores. Disponible
en: http://juancarlosgarzonbarreto.blogspot.com/2018/12/notas-para-el-analisis-critico-de-los_68.html
[16] República de Colombia. Decreto 624 de 1989,
art. 437-2. Recuperado de https://goo.gl/faWurJ
[17] Respuestas de la señora ministra de tic
frente a las inquietudes del senador Antanas Mockus sobre la ley de TIC.
Disponible en: http://juancarlosgarzonbarreto.blogspot.com/2019/05/view-respuesta-mintic-mockus-040419-on.html
[18] JUAN RAMÓN SAMPER. Un salvavidas para la TV
pública. Sin suscriptores de TV, el FonTV estará condenado y, consigo, los
recursos para los canales públicos. Disponible en: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/juan-ramon-samper/un-salvavidas-para-la-tv-publica-columna-de-juan-ramon-samper-348696
[19] Respuesta de la ANTV al Dr. Ramón Samper de
RTVC sobre la financiación de la TV Pública. Disponible en: http://juancarlosgarzonbarreto.blogspot.com/2019/05/respuesta-de-la-antv-ramon-samper-de.html
[20] CALDERÓN SANTOS JUAN MANUEL. La batalla por la paz. El Duque que conocí.
Editorial Planeta colombiana S.A. Tercera edición. Abril de 2019. Página 557.
[21] REVISTA DINERO. ¡Hiperconectado!. 4 de enero de
2015. Disponible en: https://www.dinero.com/edicion-impresa/perfil/articulo/alberto-samuel-yohai-presidente-camara-colombiana-informatica-telecomunicaciones-ccit/207273
