A PROPÓSITO DE LOS 100 AÑOS DEL MANIFIESTO DE LOS ESTUDIANTES DE CÓRDOBA - ARGENTINA SOBRE LA REFORMA UNIVERSITARIA
A la memoria de JORGE
ELIÉCER GAITÁN AYALA.
En el 70 aniversario de su
sacrificio. Abril 9 de 1948 – abril 9 de 2018.
“Nosotros
hemos leído muchos libros y pasado Universidades. No, así como así, a la manera
de ellos. Tenemos una estructura mental que ellos no tienen. Nos hemos quemado
demasiado las pestañas. Hemos encontrado demasiados obstáculos. Y de tanto
libro. Y de tanto Maestro. Y de tantas cátedras que hasta ahora hemos tenido,
hemos sacado solo esto: hay una brújula que es nuestro corazón, hay algo
profundo que es la intuición, aquella intuición de nuestras madres superioras:
la sabiduría. Aquel sentir que solo el pueblo tiene. Aquella sabiduría que no
es esquema geométrico sino turbulencia de la biología, grito del alma, fuego de
la especie, creación del reino que nos dice dónde está el mañana y qué lo que
debemos abominar del hoy y olvidar del pasado. Nosotros lo sabemos con fe
onda”.
Jorge
Eliécer Gaitán Ayala. Discurso de 1946.
JUAN CARLOS GARZÓN BARRETO
Profesional
de la Educación Egresado de la Universidad Pedagógica Nacional
Premio
Nacional de Educación 1998
Presentación
Para el siglo XIX, los trances de la
Autonomía Universitaria, se encuentran fundamentalmente ligados a los intentos
de reforma de la Universidad Nacional la cual había sido creada en 1867. Jorge
Enrique González da cuenta de este proceso resaltando las intervenciones de
Nicolás Esguerra en 1872 y de Felipe Pérez en 1876, en los debates adelantados
en el Congreso de la República.
Del Representante Felipe Pérez,
destaca que “…encontró inaceptables las pretensiones de autonomía contenidas en
el proyecto: tanto hemos andado en ese camino, dijo en su informe, que
se pretende hasta volver la espalda al gobierno, magnánimo restaurador de la
instrucción, para dar a la Universidad Nacional caracteres positivos o
autonómicos”[1]
Para 1875 el país vivió la guerra de
las candidaturas y la denominada guerra de las Escuelas en el periodo 1876 –
1877. En esta contienda tuvieron
participación los estudiantes de la Universidad Nacional desde la esquina de
defensa de las libertades académicas, tal como lo expresa en su informe el
Doctor Plata Azuero, Rector de la Universidad:
“El
grito de guerra (...) barrió también las escuelas universitarias; pero la
juventud, con su lucidez instintiva, comprendió al punto que la lucha no era ya
entre dos sectas de la misma comunión política, sino entre dos principios
antípoda; que no era una simple contienda de candidaturas, sino un duelo a
muerte entre dos doctrinas enemigas, que
esa terrible tempestad que se alzaba especialmente contra las Escuelas, colegios
oficiales y contra la Universidad Nacional, amenazaba en su fuente la enseñanza
libre y la libertad de pensamiento”[2]
En el plano educativo, el siglo XX
despegó para el país con los efectos de los artículos 38 y 41 de la
Constitución de 1886, que planteaban, por un lado, que la religión oficial de
la nación sería la católica, apostólica y romana, y, de otra parte, que la
educación sería organizada y dirigida en concordancia con la religión católica.
En el Estatuto Constitucional de 1886,
el Estado planteó desde la educación la aspiración de hombre colombiano ligado
a los elementos de la tradición católica. Situación que habría de demarcar
parte de las contradicciones entre liberales y conservadores, durante un buen
trecho del presente siglo, influenciando los saberes y prácticas que fueron
cuidadosamente escogidos para ingresar en el escenario de la Escuela[3].
El Concordato con la Santa Sede
(1887), reforzó en sus artículos 12, 13 y 14, tales
pretensiones constitucionales, en el sentido de que “la enseñanza de la religión y las prácticas piadosas de la religión
católica serían obligatorias en los establecimientos públicos, la religión se
organizaría de conformidad con el dogma, la moral, los textos y los profesores
de religión serían designados y aprobados
por los ordinarios Diocesanos”.[4]
Para 1910 –según el Maestro Gerardo
Molina– “un grupo de estudiantes organizó
una manifestación con el objeto de pedir al General Rafael Uribe Uribe que
presentara” el proyecto de reforma (de la Universidad) a la Asamblea Nacional.
“Fiel a esa promesa, en el Plan de marzo
elaborado por Uribe en 1911, figuraba ese punto: ...3º. Autonomía de la
Universidad y reforma general de la instrucción pública”[5]
En el plano internacional se destaca que,
durante 1918, se lleva a cabo el conocido movimiento estudiantil de
Córdoba-Argentina con sus demandas de: 1.
Autogobierno. 2. Autonomía universitaria. 3. Libertad de Cátedra. 4. Democracia
plena. 5. Exclusión de la iglesia de la universidad. Demandas
que han de coincidir con aspiraciones de los estudiantes colombianos en
otras coyunturas.
A propósito de la presencia de este
movimiento estudiantil en la reforma de la universidad colombiana, Gerardo
Molina, expresó en junio de 1937 que: “Colombia
debe registrar orgullosamente el hecho de que ha acometido la tarea de
transformar, mejor dicho, de construir su Universidad a tiempo que en la
mayoría de los países americanos se ve a este respecto el fenómeno contrario.
(...) Ya ni siquiera se aceptan las consignas lanzadas por la insurrección
juvenil de Córdoba en 1919, a pesar de que fueron moderadas y transaccionales,
porque se limitaban a pedir la abolición de las listas, la intervención de los
estudiantes en el gobierno de las Facultades y la docencia libre”[6]
Un referente histórico de presencia
estudiantil como fuerza social, lo tenemos en Bogotá para junio de 1929,
durante el último gobierno de la Hegemonía Conservadora (1886-1930), siendo Presidente
Miguel Abadía Méndez, cuando se intentó nombrar como comandante de la Policía
al General Carlos Cortes Vargas, quien se vio implicado en los sucesos de la
zona bananera en 1928.
REPUBLICA
LIBERAL Y AUTONOMIA UNIVERSITARIA
Durante el periodo 1930-1945, el
partido liberal ocupó la Presidencia de la República, suscitando una serie de
reformas de orden Constitucional que tendrían impacto sobre la hegemonía que
había ejercido la iglesia católica en la orientación de la Educación.
La reforma permitió que se ampliara la
Autonomía mediante la expedición de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional
en 1935. Instrumento jurídico que facilitó la participación de profesores y
estudiantes en los consejos académico y directivo de la Universidad.
Esta autonomía universitaria, que se constituyó en una vieja y actual
consigna social, se presenta en un momento en que la clase dirigente se forma
en la universidad pública y el gobierno respalda su desarrollo. Sin embargo,
sectores tradicionales del país cuestionan duramente tales procedimientos por
las implicaciones que éstas medidas tenían en la entrega del cogobierno de la
Universidad y la circulación de los nuevos saberes que –según ellos– amenazaban
la esencia de la nación. Ya veremos.
La
incorporación de los saberes sociales
En el terreno de la apropiación de los
nuevos saberes, el profesor Jaime Jaramillo, escribió que: “la reforma del 35 significó la apertura de
la universidad hacia nuevas corrientes del pensamiento y de la Ciencia.
Movimientos como el marxismo, el psicoanálisis, las nuevas doctrinas del
derecho público francés, la filosofía del derecho alemán, la filosofía
fenomenológica y existencial, antes vedados por conservadurismo y rutina,
hicieron su aparición en las aulas”[7]
En la universidad Nacional, el Rector
Gerardo Molina, pionero de la autonomía universitaria, rompió el predominio que
habían mantenido las carreras de Derecho, Ingeniería y Medicina, incorporando
el estudio de las matemáticas, las ciencias naturales, las humanidades y las
ciencias sociales[8]
La Escuela Normal Superior (1936-1951)
se constituyó en el principal centro de formación de docentes del período y se
caracterizó por la incorporación de los nuevos saberes que hemos venido
señalando, la educación mixta, una biblioteca muy completa para la época, pero,
ante todo, la presencia de profesores extranjeros (franceses, alemanes, españoles)
que llegaron al país refugiados de los conflictos bélicos que se presentaron en
Europa.
Estos educadores y los egresados de la
Normal Superior contribuyeron a la ampliación, desarrollo e
institucionalización del estudio de nuevas disciplinas naturales y sociales en
el país, ganando terreno para el ejercicio
de la cátedra libre en áreas que siempre observó con recelo la franja más
tradicional de nuestra sociedad.
El Doctor Laureano Gómez, reconocido
dirigente Conservador, al referirse a las ejecutorias de la República Liberal y
concretamente de la llamada Revolución en Marcha que encabezó López Pumarejo,
señaló:
“La llamada Revolución
en Marcha tiene un empeño culminante que sintetiza su esfuerzo: en extinguir de
la vida colombiana toda luz del espíritu, busca ansiosamente el predominio del
hombre material sobre el hombre espiritual. Así. Por fuerza y de súbito se cae
en la materialización y mecanización de la existencia”[9]
Según Aline Helg[10]. Los
sucesos del 9 de abril de 1948, tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán Ayala
(JEGA), demarcarían un punto de “viraje radical de la política educativa
colombiana”. Para el caso de nuestro
interés, profesores y estudiantes de la Universidad Nacional y de la Escuela
Normal Superior, fueron acusados de subversivos y las instituciones fueron
cerradas[11]
El asesinato de Gaitán, representó un
hecho que contribuyó a alimentar el cauce de la violencia bipartidista en la
base social, pues, como lo dijera el Profesor Marco Palacio: “La violencia respetó las viejas líneas de
deferencia social. Cayeron muy pocos terratenientes u oficiales de los cuerpos
armados. Campesinos liberales y conservadores, de civil o de uniforme, asesinaron y se hicieron
asesinar”[12]
Estas “bandolas” y guerrillas
campesinas quedarían acéfalas de sus partidos y por fuera de los acuerdos
convivialistas del Frente Nacional, y en gran medida llegarían a alimentar las
guerrillas campesinas de inspiración
comunista; que al paso de sus cuadros
por la universidad, darían su cuota de aporte a perfilar los imaginarios
colectivos de las prácticas de contestación social que aquí buscamos
desentrañar[13].
La controversia que se generó en estos
años, los nuevos rumbos y saberes que circularon en la universidad, representan
dos elementos de particular importancia en el hecho social que aquí examinamos,
pues, de una parte, la incorporación de nuevas “visiones del mundo” permitió la
apertura hacia el análisis de los problemas del país desde otra perspectiva.
De otro lado, los nuevos rumbos que la
universidad había tomado, bajo la orientación del partido liberal y sectores
progresistas, fueron objeto de contrareforma por parte de los gobiernos
conservadores de Ospina Pérez, Laureano Gómez y el gobierno militar, que se
encargarían de pasar la cuenta de cobro, dejando por tierra parte del terreno
que se había avanzado en materia de autonomía
universitaria, libertad de cátedra, e influencia de la iglesia católica en la
educación.
A comienzos de los años 50 del siglo
XX, el contenido de tal debate dejó su huella en las dos orillas de la prensa
bipartidista, veamos un par de ejemplos:
Diario
el siglo, febrero 4 de 1951
“Todo el mundo sabe que el
liberalismo desde el gobierno para asegurar el que socialistas y comunistas
tuvieran en su poder todas las palancas del mando de la universidad, creó un
sistema de elecciones populares y de Juntas Legislativas al que bautizó pomposamente con el nombre de
“Autonomía Universitaria” Estos métodos en virtud de los cuales los alumnos
estudiaban menos y se adiestraban mas en el electorerismo y otras mañas de
manzanillos, en realidad no consagraron otra autonomía que la de los individuos
como Gerardo Molina y Antonio García, que pudieron utilizar toda clase de
instrumentos para convertir a la Universidad Nacional en una fortaleza del
comunismo y un semillero de turbas triquiñuelas”[14]
Diario
El Tiempo, febrero 8 de 1951
“Según
los comentaristas conservadores de las recientes disposiciones reformatorias de
la Autonomía Universitaria, la de la Nacional y la de las regiones, lo hecho
era indispensable para devolver al alma mater su perdida moral y restablecer
los fueros y la disciplina que se habían perdido, por la funesta influencia de
las doctrinas liberales. Ya es hora de que los periodistas conservadores, los
unos y los otros, dejen la monserga de la Universidad Atea porque eso ni
corresponde a la verdad histórica, ni presenta cosa distinta a una excusa
pueril para el empleo de la intriga contra quienes sirvieron lealmente a los
intereses de la cultura, sin otra preocupación que la de trabajar por el
progreso y desarrollo de la inteligencia colombiana, sin detenerse a pensar si
tal inteligencia era roja o azul, parda o negra. No hubo persecuciones, no hubo
discriminaciones, la Universidad era para todos los colombianos y así alcanzó
fama internacional, porque bajo ese espíritu, amplio y progresista se estimuló
el interés científico y nuestras escuelas profesionales empezaron a dejar de
ser rutinarias y a tener una personalidad propia. Eso es lo que se acaba con la
QUIEBRA DE LA AUTONOMÍA, y con la imposición de un criterio confesional. Eso lo que se acaba y derrumba. Acaso por
ello para hacer menos ostensible el estrépito del desastre se alza la algarabía
de las condenaciones retroactivas y se inventa el fantasma de la Universidad roja,
materialista y atea”[15]
Este proceso se desarrolló, no sin
dejar las bases de demandas y creencias que se fueron incorporando en la
conciencia colectiva de un sector del corpus social ligado a la universidad, y
que en otras coyunturas habría de resurgir en medio de un nuevo alineamiento de
las fuerzas políticas.
En apreciación de Kalmanovitz, el
Golpe Militar del 13 de junio de 1953, se alimentó de la perdida de consenso en
diversos sectores por parte del gobierno de Laureano Gómez, y, “fue en realidad organizado por el ospinismo
cafetero y apoyado por el liberalismo”[16].
Durante el gobierno de Rojas, se lleva
a cabo la masacre de estudiantes el 8 y 9 de junio de 1954, razón por la cual,
aquellos coincidieron y apoyaron a liberales y conservadores en la lucha y
caída del gobierno militar en 1957.
Para tales fechas, la prensa nacional
registra acciones de los estudiantes universitarios en diversas regiones del
país, inclusive, dos semanas después de la caída del General Rojas, se presenta
el primer movimiento estudiantil que registra en su historia la Universidad
Pedagógica[17].
A Falta de evidencias históricas más
puntuales; en el apoyo y desarrollo a ésta cruzada bipartidista que prestaron
los estudiantes, ubicamos la corriente de indignación social y de efervescencia
colectiva que años más tarde contribuiría a alimentar en una primera fase los sentimientos antimilitaristas y antipolicivos
de los estudiantes, particularmente, considerando los infaustos sucesos de
mediados del siglo XX que incrementaron los mártires del movimiento estudiantil.
La caída del gobierno militar y los
efectos del establecimiento del pacto excluyente del Frente Nacional, muy
pronto, arrancaron la sonrisa de los labios a aquellos jóvenes, que en la hora
de efervescencia y calor marcharon junto a los partidos tradicionales para
tumbar al gobierno militar[18]. y
así, abrir el camino para establecer el modelo bipartidista del Frente
Nacional, pacto político, que muchos de aquellos mismos jóvenes pasarían un
tramo importante de sus vidas tratando de tumbar mediante diversas prácticas de
contestación social.
Respecto de este proceso, Jaime
Batemán, exalumno de la Universidad Nacional, ex militante de las FARC y
fundador del M- 19, señaló:
“Nos enfrentamos a la
dictadura. Cursaba cuarto o quinto de bachillerato. En esos días, mayo de 1957,
cuando cayó Rojas Pinilla, tenía 17 años. Yo participé intensamente en la lucha
contra Rojas. Encabezaba las manifestaciones. Tiraba piedra. Me mezclaba con la
gente. Echaba discursos. Agitaba. Así hice mis primeros trotes en la rebeldía.
Empecé mi vida política luchando al lado de la burguesía. Nuestra consigna era muy burguesa: “Lleras,
Lleras, libertad, libertad!” Eso era lo
que gritábamos. Pero con Lleras, de 1957 en adelante, no pasó un carajo. Entonces
le dimos la espalda a la burguesía”[19]
En ese mismo sentido, escribe Absalón
Jiménez: “En los años 60, el Movimiento
Revolucionario Liberal, MRL, hizo presencia dentro de las organizaciones
estudiantiles junto a las juventudes comunistas colombianas con el fin de
buscar una base de apoyo para luchar contra el acuerdo bipartidista de reparto
burocrático del poder. Paralelamente comenzaron a difundirse manifiestos y
comunicados de nuevos grupos como la unión de Juventudes Comunistas de
Colombia, indicadores del proceso de radicalización del liderazgo estudiantil.
Se inicia así un importante proceso en que el estudiantado poco a poco se
independizaría del monopolio bipartidista que hasta los años cincuenta había
ejercido la clase política tradicional sobre las organizaciones estudiantiles[20]
Ruptura
radical y cambio de rumbo
Aquel hecho histórico significaría un
paso importante en la ruptura radical de los estudiantes con los partidos
tradicionales y la dinámica del Frente Nacional.
Los estudiantes se encargarían de
combatir fieramente en defensa de terrenos e idearios comunes que habían
compartido en otros tiempos con sectores del bipartidismo, pero que, ahora, les
dejaba en la fila solitaria de la oposición, desde donde reencaucharían sus viejas
demandas y nuevas practicas de contestación social que llevarían a cabo desde
la naciente izquierda, la cual se inspiraba en las nuevas oleadas de la
revolución socialista.
La Contrarreforma educativa que
llevaron a cabo los gobiernos conservadores y el de los militares, dejó como
resultado para la Educación Superior, la reestructuración del Ministerio de
Educación Nacional (decreto 2067 de 1954), el establecimiento del Consejo
Superior de Educación (decreto 2349 de 1956), compuesto por cinco (5)
comisiones nombradas por el Ministro de Educación, en la cual, se prevé la
presencia de la jerarquía católica y representación de la familia, pero, poco
se insinúa en relación con la participación de profesores y estudiantes en este
organismo de orientación educativa.
En 1958, se dicta el Estatuto Orgánico
de la Universidad Nacional (Decreto 136), en el cual se recomponen los espacios
de gobierno, privilegiando la presencia de sectores industriales y del clero en
la dirección del Alma Máter.
En este mismo periodo, se crea el
Fondo Universitario Nacional –FUN y se inicia el planeamiento integral de la
educación, cuyo antecedente inmediato es el Primer Plan Quinquenal de Educación,
proceso en el cual se afinó y se extendió la cooperación extranjera,
especialmente la norteamerican.[21]
En estos años toma fuerza la fundación
de muchas de las universidades privadas que conocemos en la actualidad[22], las
cuales llegan a ganar un espacio de
decisión en la ejecución de la nueva política educativa que orientó el Fondo
Universitario Nacional –FUN-.
José María Chaves, quien fuera gerente
del Fondo Universitario Nacional, manifestaba el 6 de septiembre de 1956, en un
artículo del diario capitalino El Tiempo, que el FUN se proponía “conciliar la tradición de la Universidad
católica con el modelo de la universidad norteamericana”[23]
Como en muchos temas de las disputas
partidistas, el buen ajedrez del Frente Nacional, hizo tablas respecto al tema
de la Universidad y el conjunto de creencias y demandas que se habían
construido al calor de la acción social de otros tiempos. Así, estos ideales se
constituyeron en un patrimonio y bandera de lucha de profesores, estudiantes y
otros sectores progresistas, que reiniciaron la defensa de la Universidad
Pública en contraposición al esquema bipartidista, ahora, orientados desde otro
norte y prácticas de acción política, dando lugar al hecho histórico y social
del movimiento estudiantil del Frente Nacional.
La distribución bipartita del poder
dio lugar a la designación de los núcleos de gobierno universitario desde esferas
ajenas a la Universidad, los cuales pretendieron meter a las instituciones en
cintura, llevando a que los centros universitarios albergaran dos caras de un
mismo conflicto. De una parte, la confrontación externa a las inequidades
propiciadas por los problemas estructurales del país; y, de otra parte, la
lucha por la democracia y el cogobierno interno del Alma Máter, encarnando una
oposición en dos frentes (interno / externo), la cual llevaron a cabo
profesores, estudiantes y núcleos de trabajadores.
Es en tales terrenos donde ubicamos un
imaginario sembrado en la conciencia colectiva de estas generaciones de
colombianos, que como lo examinaremos más adelante, tiene profundas
repercusiones en el accionar contemporáneo de las prácticas de contestación
social. Se ubica al “enemigo” (las
administraciones universitarias) en el plano interno porque estas –ocasionalmente-
provienen de sectores externos al Alma Máter y generalmente representan una
política que es considerada como lesiva para los sectores sociales que se han
apropiado la bandera de la defensa de la universidad.[24]
Examinados los grupos sociales, y
cobertura de la universidad en éstos momentos, es sano no perder de vista que a
éstas instituciones públicas asiste un 3% del total de la población entre 18 y
24 años[25]. Además que analistas[26] de
las políticas educativas del periodo insinúan que no se trata propiamente
de sectores populares, sino de los hijos
de la burguesía y de la nobleza aldeana[27], que
se encuentran en un periodo previo a la diáspora hacia la universidad privada.
Situación que ocurre como consecuencia de la progresiva conflictividad de la
Universidad Pública. Este hecho hallaría su contraparte en la paulatina
despreocupación de los sectores gobernantes respecto de la suerte de éstos
centros universitarios públicos, pues, ellos dejarían de convertirse en las
principales escuelas de formación de sus cuadros profesionales.
Frente
Nacional: Nuevos imaginarios, nuevas prácticas
Durante la década del 60 del siglo XX,
el movimiento estudiantil encontraría un nuevo cuerpo doctrinario de
inspiración ideológica y política en el conjunto de revoluciones sociales del
período, tales como la Soviética, China, mexicana y con mayor fuerza el proceso
desencadenado por el triunfo de la Revolución Cubana.
Este decenio es el laboratorio social
en el cual se lleva a cabo la radicalización de los estudiantes, quienes llegan
a emprender la lucha contra el establecimiento en general y contra la
intervención extranjera en la reforma de la universidad, fundamentalmente,
contra el llamado Plan Básico que llega a sembrar fuertes gérmenes de oposición
y de construcción del discurso antiimperialista
que caracterizaría las representaciones colectivas del estudiantado, en lo
futuro.
En 1963, con la participación de
diversas corrientes estudiantiles (UNEC, JUCO, JMRL, CEUC, MOEC, FUAR) se
crearía la Federación Universitaria Nacional, que debido a la heterogeneidad de
las organizaciones que allí convergían, generaron un interesante debate sobre
el carácter, discurso, alcances y métodos o prácticas de contestación social de
sobre la autonomía universitaria.
Escribe Carlos Arturo García que: “(...) el año 1965 y posteriores, estarán
determinados por un gran debate político que globalizará dos posiciones muy claras, una de las cuales
privilegiaba la lucha estudiantil limitada exclusivamente hacia objetivos
puramente gremiales, a los que se sumaban sectores de estudiantes de los
partidos tradicionales y de izquierda, como la JUCO; una segunda que postulaba
la necesidad de proyectar el movimiento más allá de las luchas gremiales,
vinculándolo al proceso revolucionario. Dentro de ésta última encontramos una
corriente aún más radical que desvirtuaba cualquier tipo de reivindicación del
estudiantado como gremio, haciendo énfasis en la lucha armada como único
objetivo político del movimiento estudiantil. Dentro de éstas tendencias,
encontramos a grupos como PSR, el MOEC, algunos militantes de las JMRL, que
gracias al ascenso de la lucha armada ingresarían al ELN. (...) Este tipo de
diferencias políticas surgidas en el interior del movimiento estudiantil darán
origen a la radicalización de algunos sectores del estudiantado que privilegian
“métodos de lucha” como las confrontaciones callejeras con la fuerza pública,
hecho que implicó que se abandonaran otras formas de lucha quizás más efectivas[28]
Al comentar éste proceso, escribe el
profesor Marco Palacio: “La teoría era
enfática, el Che Guevara y Regís Debray consideraban que el foco guerrillero
crearía las condiciones revolucionarias y que la ciudad corrompía a los cuadros
revolucionarios (...) Había un contexto de transformaciones culturales más
profundas. Fue ésta la época en que los jóvenes de Berkerley o Beijín, París o
Ciudad de México, La Habana o Argel, se alzaron contra los símbolos de la
autoridad. Para la izquierda consistió en la impugnación de la clase obrera
como vanguardia de la revolución. (...) En Colombia este voluntarismo tocó
tangencialmente las universidades (...) De éstos ambientes quedaría una
generación de líderes universitarios, física o espiritualmente sacrificados en
el altar de la lucha armada revolucionaria, y el aura romántica del guerrillero
de las dos décadas siguientes (...) como fue el caso del sacerdote Camilo
Torres, quien murió en combate con el Ejército a comienzos de 1966, a pocas semanas
de ingresar a la guerrilla”[29]
A lo largo del Frente Nacional y
posterior a el, surgiría todo un conjunto de organizaciones revolucionarias con
diversos matices y practicas de contestación social, que expresan la diversidad
de puntos de vista sobre las salidas a la crisis, y que valga la pena mencionar,
en razón a que la universidad como espacio de contrapoder crítico, se ha
llegado a constituir en parte del escenario político que llevó al ascenso de la
lucha armada.
En éste nuevo marco circunstancial y
político, el movimiento estudiantil acuñaría y adoptaría un conjunto de
representaciones colectivas y de prácticas de contestación social que se
incorporarían al calor de la efervescencia política de éstos años. Veamos.
La izquierda con todos sus matices,
llegaría a emerger como una nueva colectividad o corpus social que se convertía
en portadora oficial del discurso en defensa de la universidad pública y de las
tareas por la liberación nacional.
De ésta manera, los discursos y
practicas dejaban de ser temas de dominio público general, para llegar a
constituir parte del imaginario y las demandas de éste sector desde la
oposición. Si se quiere, se produce una enajenación y apropiación privada
social del discurso. Estos imaginarios y conciencia social de los mismos
representan lo sagrado, cualquier manifestación por fuera de aquellos se pone
en el terreno de lo profano.
La discusión entre el carácter gremial
y el compromiso popular y revolucionario del movimiento estudiantil, se
constituye en las dos fuentes principales de las cuales se llegarían a
alimentar las prácticas de contestación social, de un imaginario que se había
acuñado conjuntamente, pero que, ahora, se fragmentaba en una línea blanda de
carácter gremial y otra radical que privilegiaba el enfrentamiento callejero
con la fuerza pública y la lucha armada como métodos de acción política.
De tal manera, la lucha armada y la
militancia de izquierda como métodos de confrontación al Estado, se incorporan
como parte del imaginario y de las simpatías de sectores del estudiantado, que
para entonces, a pesar de poseer variados matices, empieza a considerar que el
movimiento estudiantil al igual que la clase obrera es “revolucionario por
naturaleza”.
En los nuevos métodos que bordean los
límites de la legalidad se habría de fortalecer el sentimiento antirepresivo
del estudiantado, pues, los patrocinadores del Frente Nacional que ayer habían
combatido el gobierno de los militares, en las nuevas condiciones del
convivialismo, ahora, utilizaban aceradamente a la fuerza pública para sofocar
el levantamiento social y estudiantil.
En mayo de 1969, días después de que
Carlos Lleras fuera abucheado en compañía de Rockefeller en la Universidad
Nacional, el propio Lleras expresó que: “La
Universidad no será más un instrumento de subversión; los estudiantes serán
tratados de la misma manera que a los grupos armados que operan en el país”[30]
En éste mismo proceso, figuras
nacionales e internacionales ligadas a la revolución, se convertirían en parte
de los emblemas e inspiradores de la lucha, Marx, Lenín, Engels, Mao Tse Tung,
Trosky, Camilo, el Che Guevara y una buena parte de nuestra patriotada de la
independencia, ingresaría dentro de los símbolos sagrados y venerados por el
nuevo corpus social.
La división de pareceres lleva
implícito un imaginario que se funde en las demandas y condiciones objetivas de
ese momento histórico. La lucha interna en las universidades esgrime demandas
como autonomía, cogobierno, libertad de cátedra. En el plano de la estructura
social, aparece la lucha armada como el mecanismo de confrontación al régimen
bipartidista del Frente Nacional.
El control de la universidad por parte
de agentes y políticas foráneas al Alma Máter, hacen que la contestación social
se adelante a nivel interno y externo contra un “enemigo” de clase que orienta
los destinos del país y de la universidad desde un mismo centro de poder. Por
ésta razón, demandas como cogobierno y autonomía toman especial fuerza en la
plataforma de lucha.
Amílcar Acosta, quien fuera presidente
del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad de Antioquía entre 1969 y 1973,
rememoraba las reivindicaciones de los estudiantes, señalando que:
“En
el programa mínimo de los estudiantes colombianos se recogían las aspiraciones
fundamentales del movimiento. Eran las reivindicaciones orientadas hacia la
democratización de la universidad, el cogobierno académico de profesores y
estudiantes y por la financiación estatal de la Universidad pública”[31]
El hecho social de la irrupción del
movimiento estudiantil y sus prácticas de contestación social, también
significó el establecimiento de modos de ser, de vestir y de interrelacionarse
con las manifestaciones estéticas. El terreno de la oposición implicó acuñar
“contraculturas” que cuestionaban el capital cultural y simbólico de los
sectores dominantes del que habían sido enajenados los desposeídos, en nombre
de los cuales se justificaba la revolución.
La música protesta, las manifestaciones culturales de los sectores
populares, la liberación sexual, la literatura “comprometida”, se constituyeron
en ejemplos de contestación social desde el plano de la cultura.
Argiro Giraldo, dirigente socialista
de los años setenta, afirmaba que: “todo
el proceso del setenta hasta el 78 fue una etapa brillante de desarrollo
teórico, de debates con altura, donde los dirigentes respondían al estudio
social y académico. Leíamos mucho. Éramos ratones de biblioteca. Fue una época
de esplendor del estudiantado. Esa época aún no se ha evaluado. El movimiento
estudiantil, tanto en la Universidad de Antioquía, como en las otras
universidades, produjo la aparición del fenómeno teatral y musical de protesta.
Eran obras panfletarias que representaban la situación de la época”[32]
En últimas, pese a que el hecho social
e histórico de las prácticas de contestación social de los estudiantes,
permitió acuñar imaginarios que harían parte de la conciencia colectiva de un
par de generaciones, desde el punto de vista de la efectividad y alcance de su
acción política, Martha Cecilia Herrera señala:
“Puede decirse que el
movimiento estudiantil que presenció el Frente Nacional,
no logró desprenderse de contradicciones que lo mantuvieron dividido entre las
reivindicaciones puramente académicas y las tentativas por aliarse a los
movimientos populares; además fue víctima de recios enfrentamientos con la
fuerza pública, aspectos que no le permitieron conservar sus triunfos por largo
tiempo”[33]
Los años 80 del siglo X, demarcados
por la pervivencia de las condiciones de inequidad social y políticas del país,
traerían consigo un recrudecimiento de la lucha social y armada, a la cual, el
establecimiento respondería con la mano dura que representó el Estatuto de
Seguridad Nacional del gobierno Turbay.
La situación llegó a tal punto que la
demanda social por respeto de los derechos humanos de primera y segunda
generación, tomaría en éste periodo su correría hasta convertirse en una
reclamación pública de orden general, la cual bien merecería un detenido
estudio sobre el posicionamiento social de esta demanda. Esta aspiración social
quedó plasmada y fuertemente marcada en la Constitución de 1991.
La reforma a la educación
post-secundaria expresada en el Decreto 80 de 1980, representó la cuota de
participación en la mano dura que le correspondió a la universidad pública.
Al comentar a dónde fueron a parar las
demandas de autonomía y cogobierno, reivindicadas por el movimiento estudiantil
del Frente Nacional, expresa Amílcar Acosta, que: “Infortunadamente el cogobierno académico fue malogrado por la extrema
izquierda, que boicoteó el funcionamiento de esos organismos democráticos. El
boicot determinó que el gobierno diera marcha atrás y se volviera al régimen de
los rectores despóticos”[34].
En este periodo empieza a hacerse evidente el
modelo privatizador y de traslado de las responsabilidades educativas del
Estado al sector privado, situación sobre la cual, ya se escuchan pronunciamientos
de los analistas de las políticas educativas. Aquí, resulta de gran valor
prospectivo, el ensayo Neoliberalismo,
Educación y crisis de Estado, en el cual ya se llamaba la atención sobre la
aplicación del modelo neoliberal en educación.
“Para desentrañar la aspiración de las fórmulas que se imponen en la
nueva política social y educativa, veamos en su modelo ideal, el neoliberal,
algunos de sus postulados socio-políticos. Aun cuando se insiste en la autoría
del modelo de la Escuela de Chicago –Modelo económico–, las fuentes ideológicas
del nuevo orden provienen del fermento teórico político en que se fundan los
seguidores de la “nueva derecha” en Europa y los estados Unidos. El retorno a
los principios de libre competencia individual y social, y la visión selectiva
y elitista de las relaciones sociales, fundada sobre la diversidad y
heterogeneidad de las aptitudes y las capacidades, presenta diversas fuentes,
pero, todas coinciden en la necesidad del desmonte del Estado intervencionista
a favor de la libre iniciativa. Hasta tal punto llegan las pretensiones, que la
intervención del Estado en su función redistributiva y de orientación de la
función social de la economía, habrían impedido su desarrollo y contribuido a
generar burocratización e inercia social” [35]
El marco jurídico de la educación superior
derivado del Decreto 80 de 1980 permanecería hasta la expedición de la Ley 30
de 1992, la cual desarrolló los aspectos de autonomía universitaria consagrados
en el artículo 69 de la Constitución de 1991.
Aunque ha pasado alrededor de medio
siglo desde el momento en que el hecho social e histórico de la defensa de la
universidad hace su irrupción, en su versión del movimiento estudiantil del
Frente Nacional, tales manifestaciones perviven luego de sufrir mutaciones en
las representaciones colectivas, fruto del surgimiento de nuevos intereses y
“visiones del mundo”.
La
ruptura de los 90: Descentralización autonomía y privatización
En términos generales, se pude afirmar
que antes de la Constitución de 1991 el país necesitaba responder a dos
demandas fundamentales: la democracia económica frente a las aberrantes
condiciones de miseria, así como la necesidad de contar con garantías para una
mayor participación política y social de aquellos otros actores que habían sido
excluidos por el esquema del Frente Nacional.
A riesgo de generalizar, la Carta Política
de 1991 abordó en buena medida la demanda por la participación política y
social, pero dejó a medias el problema de la redistribución de la riqueza, con
el agravante de que la política económica se orientó conforme a las
implicaciones del modelo neoliberal.
Al atenderse parcialmente las demandas
del movimiento social, algunas de sus reivindicaciones fueron incorporadas al
conjunto de desarrollos constitucionales, pero, otras pervivieron en el marco de
la descentralización y del llamado a la participación social con pretensiones
de que las propias comunidades atendieran servicios que antes prestaba el
Estado.
Dicha situación generó un cambio en la
lógica de tramitación de las demandas e imaginarios que fueron acuñados por
años, y que, al no ser adecuadamente desentrañadas, se prestan para que algunas
prácticas de contestación social que resultan legítimas, lejos de contribuir a
comprometer a las instituciones públicas con la sociedad, compliquen el cumplimiento
de sus fines sociales. Veamos que aconteció con el cambio de lógica de
tramitación social de demandas en la Universidad.
Dado que la reforma constitucional no
resolvió problemas estructurales del país, este argumento se constituye como
válido para el ejercicio de prácticas de contestación social en procura de
resolver los problemas macrosociales.
En el plano de la universidad pública,
la autonomía y el cogobierno constitucional entregaron a las propias
comunidades la posibilidad de definir una parte importante de sus programas,
órganos de gobierno y dirección, en una lógica de descentralización, pero en el
marco de un modelo económico que empuja hacia la autofinanciación de la universidad
pública.
En conclusión, el cogobierno y la
autonomía, se conceden parcialmente, pero la gran dirigencia nacional ya no
parece tener tanto interés por la suerte de la universidad pública, entre otras
cosas, porque esta “autonomía” suelta parte del control de las universidades y
lo pone en manos de las propias comunidades educativas.
Los alcances y limitaciones de la autonomía
que recibieron las comunidades universitarias en 1992, significaron en primer
lugar, una fracturación de la representación mental y social del “contradictor”,
pues, al calor de las viejas prácticas de contestación social, profesores y
estudiantes, acuñaron históricamente como una totalidad representada en unas directivas universitarias, constituidas
generalmente por agentes externos, designados por mandato presidencial, sin
mayor participación de las comunidades universitarias. Hecho que aconteció en
el marco de una Ley de Educación Post– Secundaria de 1980 que restringía
académica, administrativa y financieramente el accionar de la Universidad
Pública.
La fracturación del “contradictor” se
expresó en términos prácticos, en que parte de las funciones y competencias que
se le dieron a la universidad pública, fundamentalmente consisten en administrar
su presupuesto, darse sus propios programas académicos, formular sus estatutos
y reglamentos, designar a sus propias directivas con la participación de la
comunidad académica.
Infortunadamente, para el Estado Social
de Derecho y para la sociedad colombiana, una buena parte de la experiencia
social vivida en estos años, demuestra –dolorosamente- que la puesta en práctica
del modelo de autonomía universitaria que acuñó la Constitución de 1991, en
algunos casos, no ha estado exenta de las prácticas de clientelismo,
corrupción, corporatización de las instituciones y apropiación privada de lo público
que aquejan a la nación.
Así las cosas, el nuevo ordenamiento
legal de la educación superior incorpora en sus contenidos parte de las
demandas y aspiraciones construidas y defendidas históricamente por los
universitarios –especialmente los de la línea gremialista–,
modificando parcialmente el escenario en el cual se agitaban las diversas prácticas
de contestación social por la autonomía universitaria.
De allí que, independientemente de las
valoraciones posibles sobre los alcances reales de la Autonomía Universitaria Constitucional
de 1991, respecto de las históricas aspiraciones de cogobierno de la universidad,
bien nos vendría algunas preguntas:
¿Cuál ha sido la capacidad real de las
comunidades universitarias para ejercer responsablemente la autonomía y el cogobierno
de la universidad? ¿Este nuevo escenario que acoge parte de las reclamaciones
sociales por el cogobierno universitario, en qué medida ha modificado o
reafirmado las demandas y prácticas de contestación social de las comunidades
universitarias?
En segundo lugar, la fracturación y
cambio de escenario del imaginario sobre la autonomía universitaria, se expresa
en la capacidad de gestión y de respuesta al entorno por parte de las
universidades públicas, puesto que la autonomía universitaria como garantía
constitucional no se presenta únicamente en el terreno público de la educación
superior, sino también en el sector privado.
Éstas nuevas libertades de reducir los
trámites y requisitos para la creación de programas y servicios, por ejemplo, pone
a los dos sectores en un estado de competencia, en el cual, el servicio
público, dada su cultura organizacional paquidérmica, posee notables rezagos en
la celeridad de sus acciones académicas y administrativas.
Un primer balance de los efectos de la
aplicación de la autonomía universitaria, en materia de oferta de programas,
por parte de las instituciones privadas de educación superior, permitió al
final del siglo XX, corroborar el desmedido incremento en la creación y oferta
de programas académicos en condiciones de calidad poco convincentes[36]
En este cuello de botella se encuentra
una piedra angular para el examen del conflicto y de las prácticas de
contestación social, que no claudique en la función de contrapoder crítico de
la universidad, pero que tampoco niegue que, dadas las condiciones
jurídico-políticas actuales, hoy, las comunidades universitarias son en gran
parte responsables de la suerte de la universidad.
En relación con los sectores que
llevan a cabo el enfrentamiento callejero con la fuerza pública u otras
prácticas de contestación social, hoy se reclama por la contextualización
histórica de sus actuaciones, por la consistencia técnica de sus demandas y por
su responsabilidad respecto de la suerte y el destino de las universidades
públicas como un patrimonio social que debe estar, entre otros, al servicio de
los colombianos y colombianas que están excluidos de los bienes de la educación
y la cultura.
La universidad fue constitucionalmente
nominada como ente universitario autónomo, esto quiere decir que, no pertenece
a ninguna de las tres ramas del poder público y que puede designar a sus
propias directivas, darse su propia estructura y sus propios programas.
Si para los sectores de la
contestación social esta autonomía es sinónimo de autofinanciación, en esa sana
lógica, también ha de ser sinónimo de responsabilidad. En éste sentido la Corte
Constitucional, precisó que:
“...ésta
caracterización (ente universitario autónomo) no las hace (a las
universidades) ajenas a su entorno o
irresponsables frente a la sociedad y el Estado, el ejercicio de la autonomía
implica para las Universidades el cumplimiento de su misión a través de
acciones en las que subyazca una ética que Weber denominaría “ética de la
responsabilidad”, lo que significa que esa autonomía encuentre legitimación y
respaldo no sólo en sus propios actores, sino en la sociedad en la que la
Universidad materializa sus objetivos, en el Estado que la provee de recursos y
en la sociedad civil que espera fortalecerse a través de ella”[37]
En
el contexto de los aberrantes desequilibrios sociales y económicos actuales del
país, la autonomía universitaria constitucional de 1991, puede ser una
oportunidad para ayudar a materializar desde la educación y la cultura, el
destino mejor que merecemos todos los colombianos.
Desde
otra perspectiva, esa misma autonomía universitaria constitucional, manejada institucionalmente
de espaldas a la ética de la responsabilidad social, puede ser la cuota inicial
de un desastre que –finalmente- termine por arrasar con la necesidad de contar
con unas universidades públicas robustas para cultivar y desarrollar el
pensamiento crítico y nuevas formas de organización y contestación social, con
la capacidad real de hacerle frente a las doctrinas egoístas que hoy no solo
amenazan la dignidad humana sino las más mínimas posibilidades de vida en este
planeta.
Personalmente,
considero que la autonomía universitaria manejada desde la perspectiva de las
diversas vertientes del pensamiento crítico universitario y de la ética de la
responsabilidad social, constituye una magnífica herramienta para fortalecer la
universidad como un patrimonio social y como una institución de la cultura,
para ponerla al servicio de las necesidades más apremiantes del país.
Bogotá, D.C.,
abril de 2018.
[1] GONZALEZ, Jorge
Enrique. Los trances de la Autonomía. En: Universidad Nacional de Colombia. 130
años. Imprenta de la Universidad Nacional. Santa fe de Bogotá. 1997. pág. 23-
32.
[2] PLATA, Azuero.
M. Informe del Rector de la Universidad
Nacional. En: Revista Argumentos No. 14 – 15 – 16 – 17. Universidad y Sociedad. Bogotá 1986.
pp. 239- 264.
[3] SAENZ OBREGÓN
Javier; SALDARRIAGA Oscar; OSPINA Armando. MIRAR LA INFANCIA. Pedagogía, moral
y modernidad en Colombia. Colciencias
- Universidad de Antioquia. Dos tomos. 1996.
[4] MOLANO, Alfredo y
VERA, Cesar. La Evolución de la política durante el Siglo XX. U.P.N.- CIUP.
1982. Pág. 61
[5] MOLINA, Gerardo.
Pasado y Presente de la Autonomía Universitaria. En: Testimonio de un
demócrata. Gerardo Molina. Compilación de Darío Acevedo. Departamento de
Publicaciones de la Universidad de Antioquia. Medellín 1991. pág. 327.
[7] JARAMILLO, Uribe,
Jaime. El Proceso de la educación del Virreinato a la época contemporánea. En:
Manual de historia de Colombia. Tomo II. Pág. 334.
[8] CATAÑO, Gonzalo.
Historia, Sociología y Política. Gerardo Molina. Una ética de la
responsabilidad. Plaza & Janes.
Editores. Santa Fe de Bogotá.
1999. Pág. 135.
[9] GOMEZ, Laureano. Las
dos Espadas. El Siglo. Mayo 31 de 1936.
[10] HELG, Aline. La
educación en Colombia. 1946-1957. Nueva Historia de Colombia. Planeta. Bogotá.
1989. Tomo IV: Pag.113.
[11] HERRERA, Martha. Op.
Cit. Pág. 109.
[12] PALACIO, Marco. Colombia. Entre la legitimidad y la
violencia. Grupo Editorial Norma. Santa fe de Bogotá. 1995. Pág. 237.
[13] Considérense los
relatos expresados en los textos: “Las guerras por la paz” de Olga Behar.
Editorial Planeta y “Siembra vientos y recogerás tempestades” de Patricia Lara.
Editorial punto de partida.
[15]
Alfredo MOLANO y cesar VERA. OP. CIT. PAG. 151.
[16] KALMANOVITZ. Salomón. Economía y Nación. Siglo
XXI Editores. Bogotá. 3ª. Edición. 1988.
[17] Un detallado seguimiento de éste movimiento,
se encuentra en el Trabajo de Grado: Orígenes y consolidación de la
Universidad Pedagógica Nacional Femenina. 1955-1962. Juan Carlos Garzón Barreto. U.P.N. 1997.
[19] LARA, Patricia.
Siembra vientos y recogerás tempestades. Editorial punto de partida.
Bogotá. 1982. pág. 80.
[20] JIMÉNEZ, Absalón. Medio siglo de presencia
del Movimiento Estudiantil en la
Universidad Pedagógica Nacional. Revista Colombiana de Educación. No. 40 – 41. Bogotá. D.C 2000. pág. 16 – 17. Este ensayo, examina detenidamente la
cronología y sucesos de éste transito histórico.
[21] BETANCUR MEJIA, Gabriel. Documentos para la
historia del planeamiento integral de la Educación. Universidad Pedagógica
Nacional. Dos Tomos. Bogotá. 1984.
[22] U. de los Andes. U. de Medellín. U. Gran
Colombia. U. de América. U. Jorge Tadeo lozano. U. Inca. U. Santiago de Cali.
[24] Recuérdese que los estudiantes de la
Universidad Nacional, Presionan la salida del Rector Mario Laserna, quien fuera
uno de los fundadores de la Universidad de los Andes.
[25] PALACIO, Marco. Op. Cit. Pág. 264.
[26] ARNOVE, Robert, Políticas educativas durante el Frente Nacional. 1958-1974. En Revista Colombiana de Educación. No. 1.
Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. Junio de 1978. Págs. 43-44.
[28] GARCIA. P. Carlos, Arturo. EL MOVIMIENTO
ESTUDIANTIL EN COLOMBIA. DECADA DEL SESENTA. policopiado. S.f., s.l.
[29] PALACIO. Op. Cit. Págs. 264-265.
[31] Periódico El Colombiano. ¡Que vivan los estudiantes! Medellín. 7 de octubre de 1988.
[32] IBIDEM.
[33] HERRERA, Martha. La educación en la historia de Colombia. En: Gran Enciclopedia de Colombia. Temática.
Vol. 5: Cultura. Santafé de Bogotá. Círculo de Lectores. Pág. 77.
[36] Para el caso examínese el libro: Saldo en Rojo
de la Educación Superior. Crisis en la Educación Superior. Constanza Cubillos
Reyes. Planeta colombiana Editorial S.A. Bogotá. 1998.
[37] CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-220. Abril
de 1997.
