miércoles, 29 de agosto de 2018

TRANCES SOCIALES DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA EN COLOMBIA -Unas palabras a mano alzada-

A PROPÓSITO DE LOS 100 AÑOS DEL MANIFIESTO DE LOS ESTUDIANTES DE CÓRDOBA - ARGENTINA SOBRE LA REFORMA UNIVERSITARIA

A la memoria de JORGE ELIÉCER GAITÁN AYALA.
En el 70 aniversario de su sacrificio. Abril 9 de 1948 – abril 9 de 2018.

“Nosotros hemos leído muchos libros y pasado Universidades. No, así como así, a la manera de ellos. Tenemos una estructura mental que ellos no tienen. Nos hemos quemado demasiado las pestañas. Hemos encontrado demasiados obstáculos. Y de tanto libro. Y de tanto Maestro. Y de tantas cátedras que hasta ahora hemos tenido, hemos sacado solo esto: hay una brújula que es nuestro corazón, hay algo profundo que es la intuición, aquella intuición de nuestras madres superioras: la sabiduría. Aquel sentir que solo el pueblo tiene. Aquella sabiduría que no es esquema geométrico sino turbulencia de la biología, grito del alma, fuego de la especie, creación del reino que nos dice dónde está el mañana y qué lo que debemos abominar del hoy y olvidar del pasado. Nosotros lo sabemos con fe onda”.

Jorge Eliécer Gaitán Ayala. Discurso de 1946.  


JUAN CARLOS GARZÓN BARRETO
Profesional de la Educación Egresado de la Universidad Pedagógica Nacional
Premio Nacional de Educación 1998



Presentación

Para el siglo XIX, los trances de la Autonomía Universitaria, se encuentran fundamentalmente ligados a los intentos de reforma de la Universidad Nacional la cual había sido creada en 1867. Jorge Enrique González da cuenta de este proceso resaltando las intervenciones de Nicolás Esguerra en 1872 y de Felipe Pérez en 1876, en los debates adelantados en el Congreso de la República.

Del Representante Felipe Pérez, destaca que “…encontró inaceptables las pretensiones de autonomía contenidas en el proyecto: tanto hemos andado en ese camino, dijo en su informe, que se pretende hasta volver la espalda al gobierno, magnánimo restaurador de la instrucción, para dar a la Universidad Nacional caracteres positivos o autonómicos[1]

Para 1875 el país vivió la guerra de las candidaturas y la denominada guerra de las Escuelas en el periodo 1876 – 1877.  En esta contienda tuvieron participación los estudiantes de la Universidad Nacional desde la esquina de defensa de las libertades académicas, tal como lo expresa en su informe el Doctor Plata Azuero, Rector de la Universidad:

“El grito de guerra (...) barrió también las escuelas universitarias; pero la juventud, con su lucidez instintiva, comprendió al punto que la lucha no era ya entre dos sectas de la misma comunión política, sino entre dos principios antípoda; que no era una simple contienda de candidaturas, sino un duelo a muerte entre dos doctrinas enemigas,  que esa terrible tempestad que se alzaba especialmente contra las Escuelas, colegios oficiales y contra la Universidad Nacional, amenazaba en su fuente la enseñanza libre y la libertad de pensamiento”[2]  

En el plano educativo, el siglo XX despegó para el país con los efectos de los artículos 38 y 41 de la Constitución de 1886, que planteaban, por un lado, que la religión oficial de la nación sería la católica, apostólica y romana, y, de otra parte, que la educación sería organizada y dirigida en concordancia con la religión católica.

En el Estatuto Constitucional de 1886, el Estado planteó desde la educación la aspiración de hombre colombiano ligado a los elementos de la tradición católica. Situación que habría de demarcar parte de las contradicciones entre liberales y conservadores, durante un buen trecho del presente siglo, influenciando los saberes y prácticas que fueron cuidadosamente escogidos para ingresar en el escenario de la Escuela[3].

El Concordato con la Santa Sede (1887),  reforzó  en sus artículos 12, 13 y 14, tales pretensiones constitucionales, en el sentido de que “la enseñanza de la religión y las prácticas piadosas de la religión católica serían obligatorias en los establecimientos públicos, la religión se organizaría de conformidad con el dogma, la moral, los textos y los profesores de religión serían designados y aprobados  por los ordinarios Diocesanos”.[4]

Para 1910 –según el Maestro Gerardo Molina– “un grupo de estudiantes organizó una manifestación con el objeto de pedir al General Rafael Uribe Uribe que presentara” el proyecto de reforma (de la Universidad) a la Asamblea Nacional. “Fiel a esa promesa, en  el Plan de marzo elaborado por Uribe en 1911, figuraba ese punto: ...3º. Autonomía de la Universidad y reforma general de la instrucción pública”[5]

En el plano internacional se destaca que, durante 1918, se lleva a cabo el conocido movimiento estudiantil de Córdoba-Argentina con sus demandas de: 1. Autogobierno. 2. Autonomía universitaria. 3. Libertad de Cátedra. 4. Democracia plena. 5. Exclusión de la iglesia de la universidad.  Demandas que han de coincidir con aspiraciones de los estudiantes colombianos en otras coyunturas.

A propósito de la presencia de este movimiento estudiantil en la reforma de la universidad colombiana, Gerardo Molina, expresó en junio de 1937 que: “Colombia debe registrar orgullosamente el hecho de que ha acometido la tarea de transformar, mejor dicho, de construir su Universidad a tiempo que en la mayoría de los países americanos se ve a este respecto el fenómeno contrario. (...) Ya ni siquiera se aceptan las consignas lanzadas por la insurrección juvenil de Córdoba en 1919, a pesar de que fueron moderadas y transaccionales, porque se limitaban a pedir la abolición de las listas, la intervención de los estudiantes en el gobierno de las Facultades y la docencia libre”[6]  

Un referente histórico de presencia estudiantil como fuerza social, lo tenemos en Bogotá para junio de 1929, durante el último gobierno de la Hegemonía Conservadora (1886-1930), siendo Presidente Miguel Abadía Méndez, cuando se intentó nombrar como comandante de la Policía al General Carlos Cortes Vargas, quien se vio implicado en los sucesos de la zona bananera en 1928.

REPUBLICA LIBERAL Y AUTONOMIA UNIVERSITARIA

Durante el periodo 1930-1945, el partido liberal ocupó la Presidencia de la República, suscitando una serie de reformas de orden Constitucional que tendrían impacto sobre la hegemonía que había ejercido la iglesia católica en la orientación de la Educación.

La reforma permitió que se ampliara la Autonomía mediante la expedición de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional en 1935. Instrumento jurídico que facilitó la participación de profesores y estudiantes en los consejos académico y directivo de la Universidad. 

Esta autonomía universitaria, que se constituyó en una vieja y actual consigna social, se presenta en un momento en que la clase dirigente se forma en la universidad pública y el gobierno respalda su desarrollo. Sin embargo, sectores tradicionales del país cuestionan duramente tales procedimientos por las implicaciones que éstas medidas tenían en la entrega del cogobierno de la Universidad y la circulación de los nuevos saberes que –según ellos– amenazaban la esencia de la nación. Ya veremos.


La incorporación de los saberes sociales

En el terreno de la apropiación de los nuevos saberes, el profesor Jaime Jaramillo, escribió que: “la reforma del 35 significó la apertura de la universidad hacia nuevas corrientes del pensamiento y de la Ciencia. Movimientos como el marxismo, el psicoanálisis, las nuevas doctrinas del derecho público francés, la filosofía del derecho alemán, la filosofía fenomenológica y existencial, antes vedados por conservadurismo y rutina, hicieron su aparición en las aulas”[7]

En la universidad Nacional, el Rector Gerardo Molina, pionero de la autonomía universitaria, rompió el predominio que habían mantenido las carreras de Derecho, Ingeniería y Medicina, incorporando el estudio de las matemáticas, las ciencias naturales, las humanidades y las ciencias sociales[8]

La Escuela Normal Superior (1936-1951) se constituyó en el principal centro de formación de docentes del período y se caracterizó por la incorporación de los nuevos saberes que hemos venido señalando, la educación mixta, una biblioteca muy completa para la época, pero, ante todo, la presencia de profesores extranjeros (franceses, alemanes, españoles) que llegaron al país refugiados de los conflictos bélicos que se presentaron en Europa.

Estos educadores y los egresados de la Normal Superior contribuyeron a la ampliación, desarrollo e institucionalización del estudio de nuevas disciplinas naturales y sociales en el país, ganando terreno para el ejercicio de la cátedra libre en áreas que siempre observó con recelo la franja más tradicional de nuestra sociedad.

El Doctor Laureano Gómez, reconocido dirigente Conservador, al referirse a las ejecutorias de la República Liberal y concretamente de la llamada Revolución en Marcha que encabezó López Pumarejo, señaló:

“La llamada Revolución en Marcha tiene un empeño culminante que sintetiza su esfuerzo: en extinguir de la vida colombiana toda luz del espíritu, busca ansiosamente el predominio del hombre material sobre el hombre espiritual. Así. Por fuerza y de súbito se cae en la materialización y mecanización de la existencia”[9]

Según Aline Helg[10]. Los sucesos del 9 de abril de 1948, tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán Ayala (JEGA), demarcarían un punto de “viraje radical de la política educativa colombiana”.   Para el caso de nuestro interés, profesores y estudiantes de la Universidad Nacional y de la Escuela Normal Superior, fueron acusados de subversivos y las instituciones fueron cerradas[11]

El asesinato de Gaitán, representó un hecho que contribuyó a alimentar el cauce de la violencia bipartidista en la base social, pues, como lo dijera el Profesor Marco Palacio: “La violencia respetó las viejas líneas de deferencia social. Cayeron muy pocos terratenientes u oficiales de los cuerpos armados. Campesinos liberales y conservadores, de civil o  de uniforme, asesinaron y se hicieron asesinar”[12] 

Estas “bandolas” y guerrillas campesinas quedarían acéfalas de sus partidos y por fuera de los acuerdos convivialistas del Frente Nacional, y en gran medida llegarían a alimentar las guerrillas campesinas  de inspiración comunista;  que al paso de sus cuadros por la universidad, darían su cuota de aporte a perfilar los imaginarios colectivos de las prácticas de contestación social que aquí buscamos desentrañar[13].

La controversia que se generó en estos años, los nuevos rumbos y saberes que circularon en la universidad, representan dos elementos de particular importancia en el hecho social que aquí examinamos, pues, de una parte, la incorporación de nuevas “visiones del mundo” permitió la apertura hacia el análisis de los problemas del país desde otra perspectiva.

De otro lado, los nuevos rumbos que la universidad había tomado, bajo la orientación del partido liberal y sectores progresistas, fueron objeto de contrareforma por parte de los gobiernos conservadores de Ospina Pérez, Laureano Gómez y el gobierno militar, que se encargarían de pasar la cuenta de cobro, dejando por tierra parte del terreno que se había avanzado en materia de autonomía universitaria, libertad de cátedra, e influencia de la iglesia católica en la educación.

A comienzos de los años 50 del siglo XX, el contenido de tal debate dejó su huella en las dos orillas de la prensa bipartidista, veamos un par de ejemplos:

Diario el siglo, febrero 4 de 1951

“Todo el mundo sabe que el liberalismo desde el gobierno para asegurar el que socialistas y comunistas tuvieran en su poder todas las palancas del mando de la universidad, creó un sistema de elecciones populares y de Juntas Legislativas  al que bautizó pomposamente con el nombre de “Autonomía Universitaria” Estos métodos en virtud de los cuales los alumnos estudiaban menos y se adiestraban mas en el electorerismo y otras mañas de manzanillos, en realidad no consagraron otra autonomía que la de los individuos como Gerardo Molina y Antonio García, que pudieron utilizar toda clase de instrumentos para convertir a la Universidad Nacional en una fortaleza del comunismo y un semillero de turbas triquiñuelas”[14]

Diario El Tiempo, febrero 8 de 1951

“Según los comentaristas conservadores de las recientes disposiciones reformatorias de la Autonomía Universitaria, la de la Nacional y la de las regiones, lo hecho era indispensable para devolver al alma mater su perdida moral y restablecer los fueros y la disciplina que se habían perdido, por la funesta influencia de las doctrinas liberales. Ya es hora de que los periodistas conservadores, los unos y los otros, dejen la monserga de la Universidad Atea porque eso ni corresponde a la verdad histórica, ni presenta cosa distinta a una excusa pueril para el empleo de la intriga contra quienes sirvieron lealmente a los intereses de la cultura, sin otra preocupación que la de trabajar por el progreso y desarrollo de la inteligencia colombiana, sin detenerse a pensar si tal inteligencia era roja o azul, parda o negra. No hubo persecuciones, no hubo discriminaciones, la Universidad era para todos los colombianos y así alcanzó fama internacional, porque bajo ese espíritu, amplio y progresista se estimuló el interés científico y nuestras escuelas profesionales empezaron a dejar de ser rutinarias y a tener una personalidad propia. Eso es lo que se acaba con la QUIEBRA DE LA AUTONOMÍA, y con la imposición de un criterio confesional.  Eso lo que se acaba y derrumba. Acaso por ello para hacer menos ostensible el estrépito del desastre se alza la algarabía de las condenaciones retroactivas y se inventa el fantasma de la Universidad roja, materialista y atea”[15]

Este proceso se desarrolló, no sin dejar las bases de demandas y creencias que se fueron incorporando en la conciencia colectiva de un sector del corpus social ligado a la universidad, y que en otras coyunturas habría de resurgir en medio de un nuevo alineamiento de las fuerzas políticas.

En apreciación de Kalmanovitz, el Golpe Militar del 13 de junio de 1953, se alimentó de la perdida de consenso en diversos sectores por parte del gobierno de Laureano Gómez, y, “fue en realidad organizado por el ospinismo cafetero y apoyado por el liberalismo”[16].
Durante el gobierno de Rojas, se lleva a cabo la masacre de estudiantes el 8 y 9 de junio de 1954, razón por la cual, aquellos coincidieron y apoyaron a liberales y conservadores en la lucha y caída del gobierno militar en 1957. 

Para tales fechas, la prensa nacional registra acciones de los estudiantes universitarios en diversas regiones del país, inclusive, dos semanas después de la caída del General Rojas, se presenta el primer movimiento estudiantil que registra en su historia la Universidad Pedagógica[17]. 

A Falta de evidencias históricas más puntuales; en el apoyo y desarrollo a ésta cruzada bipartidista que prestaron los estudiantes, ubicamos la corriente de indignación social y de efervescencia colectiva que años más tarde contribuiría a alimentar en una primera fase los sentimientos antimilitaristas y antipolicivos de los estudiantes, particularmente, considerando los infaustos sucesos de mediados del siglo XX que incrementaron los mártires del movimiento estudiantil.

La caída del gobierno militar y los efectos del establecimiento del pacto excluyente del Frente Nacional, muy pronto, arrancaron la sonrisa de los labios a aquellos jóvenes, que en la hora de efervescencia y calor marcharon junto a los partidos tradicionales para tumbar al gobierno militar[18]. y así, abrir el camino para establecer el modelo bipartidista del Frente Nacional, pacto político, que muchos de aquellos mismos jóvenes pasarían un tramo importante de sus vidas tratando de tumbar mediante diversas prácticas de contestación social.

Respecto de este proceso, Jaime Batemán, exalumno de la Universidad Nacional, ex militante de las FARC y fundador del M- 19, señaló: 

“Nos enfrentamos a la dictadura. Cursaba cuarto o quinto de bachillerato. En esos días, mayo de 1957, cuando cayó Rojas Pinilla, tenía 17 años. Yo participé intensamente en la lucha contra Rojas. Encabezaba las manifestaciones. Tiraba piedra. Me mezclaba con la gente. Echaba discursos. Agitaba. Así hice mis primeros trotes en la rebeldía. Empecé mi vida política luchando al lado de la burguesía.  Nuestra consigna era muy burguesa: “Lleras, Lleras, libertad, libertad!”  Eso era lo que gritábamos. Pero con Lleras, de 1957 en adelante, no pasó un carajo. Entonces le dimos la espalda a la burguesía”[19]

En ese mismo sentido, escribe Absalón Jiménez: “En los años 60, el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, hizo presencia dentro de las organizaciones estudiantiles junto a las juventudes comunistas colombianas con el fin de buscar una base de apoyo para luchar contra el acuerdo bipartidista de reparto burocrático del poder. Paralelamente comenzaron a difundirse manifiestos y comunicados de nuevos grupos como la unión de Juventudes Comunistas de Colombia, indicadores del proceso de radicalización del liderazgo estudiantil. Se inicia así un importante proceso en que el estudiantado poco a poco se independizaría del monopolio bipartidista que hasta los años cincuenta había ejercido la clase política tradicional sobre las organizaciones estudiantiles[20]

Ruptura radical y cambio de rumbo

Aquel hecho histórico significaría un paso importante en la ruptura radical de los estudiantes con los partidos tradicionales y la dinámica del Frente Nacional.

Los estudiantes se encargarían de combatir fieramente en defensa de terrenos e idearios comunes que habían compartido en otros tiempos con sectores del bipartidismo, pero que, ahora, les dejaba en la fila solitaria de la oposición, desde donde reencaucharían sus viejas demandas y nuevas practicas de contestación social que llevarían a cabo desde la naciente izquierda, la cual se inspiraba en las nuevas oleadas de la revolución socialista.

La Contrarreforma educativa que llevaron a cabo los gobiernos conservadores y el de los militares, dejó como resultado para la Educación Superior, la reestructuración del Ministerio de Educación Nacional (decreto 2067 de 1954), el establecimiento del Consejo Superior de Educación (decreto 2349 de 1956), compuesto por cinco (5) comisiones nombradas por el Ministro de Educación, en la cual, se prevé la presencia de la jerarquía católica y representación de la familia, pero, poco se insinúa en relación con la participación de profesores y estudiantes en este organismo de orientación educativa.

En 1958, se dicta el Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional (Decreto 136), en el cual se recomponen los espacios de gobierno, privilegiando la presencia de sectores industriales y del clero en la dirección del Alma Máter.

En este mismo periodo, se crea el Fondo Universitario Nacional –FUN y se inicia el planeamiento integral de la educación, cuyo antecedente inmediato es el Primer Plan Quinquenal de Educación, proceso en el cual se afinó y se extendió la cooperación extranjera, especialmente la norteamerican.[21]

En estos años toma fuerza la fundación de muchas de las universidades privadas que conocemos en la actualidad[22], las cuales  llegan a ganar un espacio de decisión en la ejecución de la nueva política educativa que orientó el Fondo Universitario Nacional –FUN-.

José María Chaves, quien fuera gerente del Fondo Universitario Nacional, manifestaba el 6 de septiembre de 1956, en un artículo del diario capitalino El Tiempo, que el FUN se proponía “conciliar la tradición de la Universidad católica con el modelo de la universidad norteamericana”[23]

Como en muchos temas de las disputas partidistas, el buen ajedrez del Frente Nacional, hizo tablas respecto al tema de la Universidad y el conjunto de creencias y demandas que se habían construido al calor de la acción social de otros tiempos. Así, estos ideales se constituyeron en un patrimonio y bandera de lucha de profesores, estudiantes y otros sectores progresistas, que reiniciaron la defensa de la Universidad Pública en contraposición al esquema bipartidista, ahora, orientados desde otro norte y prácticas de acción política, dando lugar al hecho histórico y social del movimiento estudiantil del Frente Nacional. 

La distribución bipartita del poder dio lugar a la designación de los núcleos de gobierno universitario desde esferas ajenas a la Universidad, los cuales pretendieron meter a las instituciones en cintura, llevando a que los centros universitarios albergaran dos caras de un mismo conflicto. De una parte, la confrontación externa a las inequidades propiciadas por los problemas estructurales del país; y, de otra parte, la lucha por la democracia y el cogobierno interno del Alma Máter, encarnando una oposición en dos frentes (interno / externo), la cual llevaron a cabo profesores, estudiantes y núcleos de trabajadores.

Es en tales terrenos donde ubicamos un imaginario sembrado en la conciencia colectiva de estas generaciones de colombianos, que como lo examinaremos más adelante, tiene profundas repercusiones en el accionar contemporáneo de las prácticas de contestación social. Se ubica al “enemigo”  (las administraciones universitarias) en el plano interno porque estas –ocasionalmente- provienen de sectores externos al Alma Máter y generalmente representan una política que es considerada como lesiva para los sectores sociales que se han apropiado la bandera de la defensa de la universidad.[24]

Examinados los grupos sociales, y cobertura de la universidad en éstos momentos, es sano no perder de vista que a éstas instituciones públicas asiste un 3% del total de la población entre 18 y 24 años[25].   Además que analistas[26] de las políticas educativas del periodo insinúan que no se trata propiamente de  sectores populares, sino de los hijos de la burguesía y de la nobleza aldeana[27], que se encuentran en un periodo previo a la diáspora hacia la universidad privada. Situación que ocurre como consecuencia de la progresiva conflictividad de la Universidad Pública. Este hecho hallaría su contraparte en la paulatina despreocupación de los sectores gobernantes respecto de la suerte de éstos centros universitarios públicos, pues, ellos dejarían de convertirse en las principales escuelas de formación de sus cuadros profesionales.

Frente Nacional: Nuevos imaginarios, nuevas prácticas

Durante la década del 60 del siglo XX, el movimiento estudiantil encontraría un nuevo cuerpo doctrinario de inspiración ideológica y política en el conjunto de revoluciones sociales del período, tales como la Soviética, China, mexicana y con mayor fuerza el proceso desencadenado por el triunfo de la Revolución Cubana.

Este decenio es el laboratorio social en el cual se lleva a cabo la radicalización de los estudiantes, quienes llegan a emprender la lucha contra el establecimiento en general y contra la intervención extranjera en la reforma de la universidad, fundamentalmente, contra el llamado Plan Básico que llega a sembrar fuertes gérmenes de oposición y de construcción del discurso antiimperialista que caracterizaría las representaciones colectivas del estudiantado, en lo futuro.

En 1963, con la participación de diversas corrientes estudiantiles (UNEC, JUCO, JMRL, CEUC, MOEC, FUAR) se crearía la Federación Universitaria Nacional, que debido a la heterogeneidad de las organizaciones que allí convergían, generaron un interesante debate sobre el carácter, discurso, alcances y métodos o prácticas de contestación social de sobre la autonomía universitaria.

Escribe Carlos Arturo García que: “(...) el año 1965 y posteriores, estarán determinados por un gran debate político que globalizará  dos posiciones muy claras, una de las cuales privilegiaba la lucha estudiantil limitada exclusivamente hacia objetivos puramente gremiales, a los que se sumaban sectores de estudiantes de los partidos tradicionales y de izquierda, como la JUCO; una segunda que postulaba la necesidad de proyectar el movimiento más allá de las luchas gremiales, vinculándolo al proceso revolucionario. Dentro de ésta última encontramos una corriente aún más radical que desvirtuaba cualquier tipo de reivindicación del estudiantado como gremio, haciendo énfasis en la lucha armada como único objetivo político del movimiento estudiantil. Dentro de éstas tendencias, encontramos a grupos como PSR, el MOEC, algunos militantes de las JMRL, que gracias al ascenso de la lucha armada ingresarían al ELN. (...) Este tipo de diferencias políticas surgidas en el interior del movimiento estudiantil darán origen a la radicalización de algunos sectores del estudiantado que privilegian “métodos de lucha” como las confrontaciones callejeras con la fuerza pública, hecho que implicó que se abandonaran otras formas de lucha quizás más efectivas[28]  

Al comentar éste proceso, escribe el profesor Marco Palacio: “La teoría era enfática, el Che Guevara y Regís Debray consideraban que el foco guerrillero crearía las condiciones revolucionarias y que la ciudad corrompía a los cuadros revolucionarios (...) Había un contexto de transformaciones culturales más profundas. Fue ésta la época en que los jóvenes de Berkerley o Beijín, París o Ciudad de México, La Habana o Argel, se alzaron contra los símbolos de la autoridad. Para la izquierda consistió en la impugnación de la clase obrera como vanguardia de la revolución. (...) En Colombia este voluntarismo tocó tangencialmente las universidades (...) De éstos ambientes quedaría una generación de líderes universitarios, física o espiritualmente sacrificados en el altar de la lucha armada revolucionaria, y el aura romántica del guerrillero de las dos décadas siguientes (...) como fue el caso del sacerdote Camilo Torres, quien murió en combate con el Ejército a comienzos de 1966, a pocas semanas de ingresar a la guerrilla”[29] 

A lo largo del Frente Nacional y posterior a el, surgiría todo un conjunto de organizaciones revolucionarias con diversos matices y practicas de contestación social, que expresan la diversidad de puntos de vista sobre las salidas a la crisis, y que valga la pena mencionar, en razón a que la universidad como espacio de contrapoder crítico, se ha llegado a constituir en parte del escenario político que llevó al ascenso de la lucha armada. 

En éste nuevo marco circunstancial y político, el movimiento estudiantil acuñaría y adoptaría un conjunto de representaciones colectivas y de prácticas de contestación social que se incorporarían al calor de la efervescencia política de éstos años. Veamos.

La izquierda con todos sus matices, llegaría a emerger como una nueva colectividad o corpus social que se convertía en portadora oficial del discurso en defensa de la universidad pública y de las tareas por la liberación nacional.

De ésta manera, los discursos y practicas dejaban de ser temas de dominio público general, para llegar a constituir parte del imaginario y las demandas de éste sector desde la oposición. Si se quiere, se produce una enajenación y apropiación privada social del discurso. Estos imaginarios y conciencia social de los mismos representan lo sagrado, cualquier manifestación por fuera de aquellos se pone en el terreno de lo profano.

La discusión entre el carácter gremial y el compromiso popular y revolucionario del movimiento estudiantil, se constituye en las dos fuentes principales de las cuales se llegarían a alimentar las prácticas de contestación social, de un imaginario que se había acuñado conjuntamente, pero que, ahora, se fragmentaba en una línea blanda de carácter gremial y otra radical que privilegiaba el enfrentamiento callejero con la fuerza pública y la lucha armada como métodos de acción política.

De tal manera, la lucha armada y la militancia de izquierda como métodos de confrontación al Estado, se incorporan como parte del imaginario y de las simpatías de sectores del estudiantado, que para entonces, a pesar de poseer variados matices, empieza a considerar que el movimiento estudiantil al igual que la clase obrera es “revolucionario por naturaleza”.

En los nuevos métodos que bordean los límites de la legalidad se habría de fortalecer el sentimiento antirepresivo del estudiantado, pues, los patrocinadores del Frente Nacional que ayer habían combatido el gobierno de los militares, en las nuevas condiciones del convivialismo, ahora, utilizaban aceradamente a la fuerza pública para sofocar el levantamiento social y estudiantil.

En mayo de 1969, días después de que Carlos Lleras fuera abucheado en compañía de Rockefeller en la Universidad Nacional, el propio Lleras expresó que: “La Universidad no será más un instrumento de subversión; los estudiantes serán tratados de la misma manera que a los grupos armados que operan en el país”[30]

En éste mismo proceso, figuras nacionales e internacionales ligadas a la revolución, se convertirían en parte de los emblemas e inspiradores de la lucha, Marx, Lenín, Engels, Mao Tse Tung, Trosky, Camilo, el Che Guevara y una buena parte de nuestra patriotada de la independencia, ingresaría dentro de los símbolos sagrados y venerados por el nuevo corpus social.

La división de pareceres lleva implícito un imaginario que se funde en las demandas y condiciones objetivas de ese momento histórico. La lucha interna en las universidades esgrime demandas como autonomía, cogobierno, libertad de cátedra. En el plano de la estructura social, aparece la lucha armada como el mecanismo de confrontación al régimen bipartidista del Frente Nacional. 

El control de la universidad por parte de agentes y políticas foráneas al Alma Máter, hacen que la contestación social se adelante a nivel interno y externo contra un “enemigo” de clase que orienta los destinos del país y de la universidad desde un mismo centro de poder. Por ésta razón, demandas como cogobierno y autonomía toman especial fuerza en la plataforma de lucha.

Amílcar Acosta, quien fuera presidente del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad de Antioquía entre 1969 y 1973, rememoraba las reivindicaciones de los estudiantes, señalando que:

“En el programa mínimo de los estudiantes colombianos se recogían las aspiraciones fundamentales del movimiento. Eran las reivindicaciones orientadas hacia la democratización de la universidad, el cogobierno académico de profesores y estudiantes y por la financiación estatal de la Universidad pública”[31]

El hecho social de la irrupción del movimiento estudiantil y sus prácticas de contestación social, también significó el establecimiento de modos de ser, de vestir y de interrelacionarse con las manifestaciones estéticas. El terreno de la oposición implicó acuñar “contraculturas” que cuestionaban el capital cultural y simbólico de los sectores dominantes del que habían sido enajenados los desposeídos, en nombre de los cuales se justificaba la revolución.  La música protesta, las manifestaciones culturales de los sectores populares, la liberación sexual, la literatura “comprometida”, se constituyeron en ejemplos de contestación social desde el plano de la cultura.  

Argiro Giraldo, dirigente socialista de los años setenta, afirmaba que: “todo el proceso del setenta hasta el 78 fue una etapa brillante de desarrollo teórico, de debates con altura, donde los dirigentes respondían al estudio social y académico. Leíamos mucho. Éramos ratones de biblioteca. Fue una época de esplendor del estudiantado. Esa época aún no se ha evaluado. El movimiento estudiantil, tanto en la Universidad de Antioquía, como en las otras universidades, produjo la aparición del fenómeno teatral y musical de protesta. Eran obras panfletarias que representaban la situación de la época”[32]

En últimas, pese a que el hecho social e histórico de las prácticas de contestación social de los estudiantes, permitió acuñar imaginarios que harían parte de la conciencia colectiva de un par de generaciones, desde el punto de vista de la efectividad y alcance de su acción política, Martha Cecilia Herrera señala:

“Puede decirse que el movimiento estudiantil que presenció el Frente Nacional, no logró desprenderse de contradicciones que lo mantuvieron dividido entre las reivindicaciones puramente académicas y las tentativas por aliarse a los movimientos populares; además fue víctima de recios enfrentamientos con la fuerza pública, aspectos que no le permitieron conservar sus triunfos por largo tiempo”[33]
                  
Los años 80 del siglo X, demarcados por la pervivencia de las condiciones de inequidad social y políticas del país, traerían consigo un recrudecimiento de la lucha social y armada, a la cual, el establecimiento respondería con la mano dura que representó el Estatuto de Seguridad Nacional del gobierno Turbay.  
La situación llegó a tal punto que la demanda social por respeto de los derechos humanos de primera y segunda generación, tomaría en éste periodo su correría hasta convertirse en una reclamación pública de orden general, la cual bien merecería un detenido estudio sobre el posicionamiento social de esta demanda. Esta aspiración social quedó plasmada y fuertemente marcada en la Constitución de 1991. 

La reforma a la educación post-secundaria expresada en el Decreto 80 de 1980, representó la cuota de participación en la mano dura que le correspondió a la universidad pública.

Al comentar a dónde fueron a parar las demandas de autonomía y cogobierno, reivindicadas por el movimiento estudiantil del Frente Nacional, expresa Amílcar Acosta, que: “Infortunadamente el cogobierno académico fue malogrado por la extrema izquierda, que boicoteó el funcionamiento de esos organismos democráticos. El boicot determinó que el gobierno diera marcha atrás y se volviera al régimen de los rectores despóticos”[34].

En este periodo empieza a hacerse evidente el modelo privatizador y de traslado de las responsabilidades educativas del Estado al sector privado, situación sobre la cual, ya se escuchan pronunciamientos de los analistas de las políticas educativas. Aquí, resulta de gran valor prospectivo, el ensayo Neoliberalismo, Educación y crisis de Estado, en el cual ya se llamaba la atención sobre la aplicación del modelo neoliberal en educación.

“Para desentrañar la aspiración de las fórmulas que se imponen en la nueva política social y educativa, veamos en su modelo ideal, el neoliberal, algunos de sus postulados socio-políticos. Aun cuando se insiste en la autoría del modelo de la Escuela de Chicago –Modelo económico–, las fuentes ideológicas del nuevo orden provienen del fermento teórico político en que se fundan los seguidores de la “nueva derecha” en Europa y los estados Unidos. El retorno a los principios de libre competencia individual y social, y la visión selectiva y elitista de las relaciones sociales, fundada sobre la diversidad y heterogeneidad de las aptitudes y las capacidades, presenta diversas fuentes, pero, todas coinciden en la necesidad del desmonte del Estado intervencionista a favor de la libre iniciativa. Hasta tal punto llegan las pretensiones, que la intervención del Estado en su función redistributiva y de orientación de la función social de la economía, habrían impedido su desarrollo y contribuido a generar burocratización e inercia social [35]

El marco jurídico de la educación superior derivado del Decreto 80 de 1980 permanecería hasta la expedición de la Ley 30 de 1992, la cual desarrolló los aspectos de autonomía universitaria consagrados en el artículo 69 de la Constitución de 1991. 

Aunque ha pasado alrededor de medio siglo desde el momento en que el hecho social e histórico de la defensa de la universidad hace su irrupción, en su versión del movimiento estudiantil del Frente Nacional, tales manifestaciones perviven luego de sufrir mutaciones en las representaciones colectivas, fruto del surgimiento de nuevos intereses y “visiones del mundo”.

La ruptura de los 90: Descentralización autonomía y privatización

En términos generales, se pude afirmar que antes de la Constitución de 1991 el país necesitaba responder a dos demandas fundamentales: la democracia económica frente a las aberrantes condiciones de miseria, así como la necesidad de contar con garantías para una mayor participación política y social de aquellos otros actores que habían sido excluidos por el esquema del Frente Nacional. 

A riesgo de generalizar, la Carta Política de 1991 abordó en buena medida la demanda por la participación política y social, pero dejó a medias el problema de la redistribución de la riqueza, con el agravante de que la política económica se orientó conforme a las implicaciones del modelo neoliberal.

Al atenderse parcialmente las demandas del movimiento social, algunas de sus reivindicaciones fueron incorporadas al conjunto de desarrollos constitucionales, pero, otras pervivieron en el marco de la descentralización y del llamado a la participación social con pretensiones de que las propias comunidades atendieran servicios que antes prestaba el Estado.

Dicha situación generó un cambio en la lógica de tramitación de las demandas e imaginarios que fueron acuñados por años, y que, al no ser adecuadamente desentrañadas, se prestan para que algunas prácticas de contestación social que resultan legítimas, lejos de contribuir a comprometer a las instituciones públicas con la sociedad, compliquen el cumplimiento de sus fines sociales. Veamos que aconteció con el cambio de lógica de tramitación social de demandas en la Universidad.

Dado que la reforma constitucional no resolvió problemas estructurales del país, este argumento se constituye como válido para el ejercicio de prácticas de contestación social en procura de resolver los problemas macrosociales.

En el plano de la universidad pública, la autonomía y el cogobierno constitucional entregaron a las propias comunidades la posibilidad de definir una parte importante de sus programas, órganos de gobierno y dirección, en una lógica de descentralización, pero en el marco de un modelo económico que empuja hacia la autofinanciación de la universidad pública.

En conclusión, el cogobierno y la autonomía, se conceden parcialmente, pero la gran dirigencia nacional ya no parece tener tanto interés por la suerte de la universidad pública, entre otras cosas, porque esta “autonomía” suelta parte del control de las universidades y lo pone en manos de las propias comunidades educativas.

Los alcances y limitaciones de la autonomía que recibieron las comunidades universitarias en 1992, significaron en primer lugar, una fracturación de la representación mental y social del “contradictor”, pues, al calor de las viejas prácticas de contestación social, profesores y estudiantes, acuñaron históricamente como una totalidad  representada en unas  directivas universitarias, constituidas generalmente por agentes externos, designados por mandato presidencial, sin mayor participación de las comunidades universitarias. Hecho que aconteció en el marco de una Ley de Educación Post– Secundaria de 1980 que restringía académica, administrativa y financieramente el accionar de la Universidad Pública.

La fracturación del “contradictor” se expresó en términos prácticos, en que parte de las funciones y competencias que se le dieron a la universidad pública, fundamentalmente consisten en administrar su presupuesto, darse sus propios programas académicos, formular sus estatutos y reglamentos, designar a sus propias directivas con la participación de la comunidad académica. 

Infortunadamente, para el Estado Social de Derecho y para la sociedad colombiana, una buena parte de la experiencia social vivida en estos años, demuestra –dolorosamente- que la puesta en práctica del modelo de autonomía universitaria que acuñó la Constitución de 1991, en algunos casos, no ha estado exenta de las prácticas de clientelismo, corrupción, corporatización de las instituciones y apropiación privada de lo público que aquejan a la nación.

Así las cosas, el nuevo ordenamiento legal de la educación superior incorpora en sus contenidos parte de las demandas y aspiraciones construidas y defendidas históricamente por los universitarios –especialmente los de la línea gremialista, modificando parcialmente el escenario en el cual se agitaban las diversas prácticas de contestación social por la autonomía universitaria.

De allí que, independientemente de las valoraciones posibles sobre los alcances reales de la Autonomía Universitaria Constitucional de 1991, respecto de las históricas aspiraciones de cogobierno de la universidad, bien nos vendría algunas preguntas:

¿Cuál ha sido la capacidad real de las comunidades universitarias para ejercer responsablemente la autonomía y el cogobierno de la universidad? ¿Este nuevo escenario que acoge parte de las reclamaciones sociales por el cogobierno universitario, en qué medida ha modificado o reafirmado las demandas y prácticas de contestación social de las comunidades universitarias?

En segundo lugar, la fracturación y cambio de escenario del imaginario sobre la autonomía universitaria, se expresa en la capacidad de gestión y de respuesta al entorno por parte de las universidades públicas, puesto que la autonomía universitaria como garantía constitucional no se presenta únicamente en el terreno público de la educación superior, sino también en el sector privado.

Éstas nuevas libertades de reducir los trámites y requisitos para la creación de programas y servicios, por ejemplo, pone a los dos sectores en un estado de competencia, en el cual, el servicio público, dada su cultura organizacional paquidérmica, posee notables rezagos en la celeridad de sus acciones académicas y administrativas. 

Un primer balance de los efectos de la aplicación de la autonomía universitaria, en materia de oferta de programas, por parte de las instituciones privadas de educación superior, permitió al final del siglo XX, corroborar el desmedido incremento en la creación y oferta de programas académicos en condiciones de calidad poco convincentes[36]

En este cuello de botella se encuentra una piedra angular para el examen del conflicto y de las prácticas de contestación social, que no claudique en la función de contrapoder crítico de la universidad, pero que tampoco niegue que, dadas las condiciones jurídico-políticas actuales, hoy, las comunidades universitarias son en gran parte responsables de la suerte de la universidad. 

En relación con los sectores que llevan a cabo el enfrentamiento callejero con la fuerza pública u otras prácticas de contestación social, hoy se reclama por la contextualización histórica de sus actuaciones, por la consistencia técnica de sus demandas y por su responsabilidad respecto de la suerte y el destino de las universidades públicas como un patrimonio social que debe estar, entre otros, al servicio de los colombianos y colombianas que están excluidos de los bienes de la educación y la cultura. 

La universidad fue constitucionalmente nominada como ente universitario autónomo, esto quiere decir que, no pertenece a ninguna de las tres ramas del poder público y que puede designar a sus propias directivas, darse su propia estructura y sus propios programas.

Si para los sectores de la contestación social esta autonomía es sinónimo de autofinanciación, en esa sana lógica, también ha de ser sinónimo de responsabilidad. En éste sentido la Corte Constitucional, precisó que:

“...ésta caracterización (ente universitario autónomo) no las hace (a las universidades)  ajenas a su entorno o irresponsables frente a la sociedad y el Estado, el ejercicio de la autonomía implica para las Universidades el cumplimiento de su misión a través de acciones en las que subyazca una ética que Weber denominaría “ética de la responsabilidad”, lo que significa que esa autonomía encuentre legitimación y respaldo no sólo en sus propios actores, sino en la sociedad en la que la Universidad materializa sus objetivos, en el Estado que la provee de recursos y en la sociedad civil que espera fortalecerse a través de ella”[37]

En el contexto de los aberrantes desequilibrios sociales y económicos actuales del país, la autonomía universitaria constitucional de 1991, puede ser una oportunidad para ayudar a materializar desde la educación y la cultura, el destino mejor que merecemos todos los colombianos.

Desde otra perspectiva, esa misma autonomía universitaria constitucional, manejada institucionalmente de espaldas a la ética de la responsabilidad social, puede ser la cuota inicial de un desastre que –finalmente- termine por arrasar con la necesidad de contar con unas universidades públicas robustas para cultivar y desarrollar el pensamiento crítico y nuevas formas de organización y contestación social, con la capacidad real de hacerle frente a las doctrinas egoístas que hoy no solo amenazan la dignidad humana sino las más mínimas posibilidades de vida en este planeta.

Personalmente, considero que la autonomía universitaria manejada desde la perspectiva de las diversas vertientes del pensamiento crítico universitario y de la ética de la responsabilidad social, constituye una magnífica herramienta para fortalecer la universidad como un patrimonio social y como una institución de la cultura, para ponerla al servicio de las necesidades más apremiantes del país.  


Bogotá, D.C., abril de 2018.




[1] GONZALEZ, Jorge Enrique. Los trances de la Autonomía. En: Universidad Nacional de Colombia. 130 años. Imprenta de la Universidad Nacional. Santa fe de Bogotá. 1997. pág. 23- 32.
[2] PLATA, Azuero. M.  Informe del Rector de la Universidad Nacional. En: Revista Argumentos No. 14 – 15 – 16 – 17.  Universidad y Sociedad.  Bogotá 1986.  pp. 239- 264.
[3] SAENZ OBREGÓN Javier; SALDARRIAGA Oscar; OSPINA Armando. MIRAR LA INFANCIA. Pedagogía, moral y modernidad en Colombia.  Colciencias -  Universidad de Antioquia.  Dos tomos. 1996.
[4] MOLANO, Alfredo y VERA, Cesar. La Evolución de la política durante el Siglo XX. U.P.N.- CIUP. 1982. Pág. 61
[5] MOLINA, Gerardo. Pasado y Presente de la Autonomía Universitaria. En: Testimonio de un demócrata. Gerardo Molina. Compilación de Darío Acevedo. Departamento de Publicaciones de la Universidad de Antioquia. Medellín 1991. pág. 327.
[6] Revista de las Indias. Vol. 1 No. 6. Bogotá, junio de 1937.  pág.  50-52.
[7] JARAMILLO, Uribe, Jaime. El Proceso de la educación del Virreinato a la época contemporánea. En: Manual de historia de Colombia. Tomo II. Pág. 334.
[8] CATAÑO, Gonzalo. Historia, Sociología y Política. Gerardo Molina. Una ética de la responsabilidad. Plaza & Janes.  Editores.  Santa Fe de Bogotá. 1999. Pág. 135.
[9] GOMEZ, Laureano. Las dos Espadas. El Siglo. Mayo 31 de 1936.
[10] HELG, Aline. La educación en Colombia. 1946-1957. Nueva Historia de Colombia. Planeta. Bogotá. 1989. Tomo IV: Pag.113.
[11] HERRERA, Martha. Op. Cit. Pág. 109.
[12] PALACIO, Marco.  Colombia. Entre la legitimidad y la violencia. Grupo Editorial Norma. Santa fe de Bogotá. 1995. Pág. 237.
[13] Considérense los relatos expresados en los textos: “Las guerras por la paz” de Olga Behar. Editorial Planeta y “Siembra vientos y recogerás tempestades” de Patricia Lara. Editorial punto de partida. 
[14]   Alfredo MOLANO y cesar VERA. Op. Cit. Pág. 150.
[15]   Alfredo MOLANO y cesar VERA. OP. CIT. PAG. 151.
[16] KALMANOVITZ. Salomón. Economía y Nación. Siglo XXI Editores. Bogotá. 3ª. Edición. 1988.
[17] Un detallado seguimiento de éste movimiento, se encuentra en el Trabajo de Grado: Orígenes y consolidación de la Universidad Pedagógica Nacional Femenina. 1955-1962.  Juan Carlos Garzón Barreto. U.P.N. 1997.

[19] LARA, Patricia. Siembra vientos y recogerás tempestades. Editorial punto de partida. Bogotá.  1982. pág. 80.
[20]  JIMÉNEZ, Absalón. Medio siglo de presencia del Movimiento Estudiantil   en la Universidad Pedagógica Nacional. Revista Colombiana de Educación. No. 40 – 41.  Bogotá. D.C 2000. pág. 16 – 17.  Este ensayo, examina detenidamente la cronología y sucesos de éste transito histórico.
[21] BETANCUR MEJIA, Gabriel. Documentos para la historia del planeamiento integral de la Educación. Universidad Pedagógica Nacional. Dos Tomos. Bogotá. 1984.
[22] U. de los Andes. U. de Medellín. U. Gran Colombia. U. de América. U. Jorge Tadeo lozano. U. Inca. U. Santiago de Cali.
[23] MOLANO, Alfredo y VERA, Cesar. Op. Cit. Págs. 110-111.
[24] Recuérdese que los estudiantes de la Universidad Nacional, Presionan la salida del Rector Mario Laserna, quien fuera uno de los fundadores de la Universidad de los Andes.
[25] PALACIO, Marco. Op. Cit. Pág. 264.
[26] ARNOVE, Robert, Políticas educativas durante el Frente Nacional. 1958-1974.  En Revista Colombiana de Educación. No. 1. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. Junio de 1978. Págs. 43-44.
[27] Los campesinos ricos.
[28] GARCIA. P. Carlos, Arturo. EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN COLOMBIA. DECADA DEL SESENTA. policopiado. S.f., s.l.
[29] PALACIO. Op. Cit. Págs. 264-265.
[30] GARCIA, Carlos. Op. Cit. Pág. 34.
[31] Periódico El Colombiano. ¡Que vivan los estudiantes! Medellín. 7 de octubre de 1988.
[32] IBIDEM.
[33] HERRERA, Martha. La educación en la historia de Colombia.  En: Gran Enciclopedia de Colombia. Temática. Vol. 5: Cultura. Santafé de Bogotá. Círculo de Lectores. Pág. 77.
[34] IBIDEM.
[35] TÉLLEZ, Gustavo, El Espectador. Bogotá.  Agosto de 1982.
[36] Para el caso examínese el libro: Saldo en Rojo de la Educación Superior. Crisis en la Educación Superior. Constanza Cubillos Reyes. Planeta colombiana Editorial S.A. Bogotá. 1998.
[37] CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-220. Abril de 1997.

No hay comentarios:

Publicar un comentario