Teniendo en cuenta que el derecho a la información es fundamental, es bueno preguntarse: ¿Qué es exactamente lo que reivindican hoy los defensores acríticos de la libertad de prensa?
¡Viva el Día Mundial de la libertad de prensa!
Según el estudio de “Monitoreo de Medios” realizado en 2015 por la Federación colombiana de Periodistas –FECOLPER- y Reporteros sin Fronteras de Alemania, en Colombia, seis (6) familias controlan 20 de los 40 medios de comunicación más importantes y tres (3) conglomerados económicos propietarios de medios acumulan el 57 % de las audiencias nacionales.
En ese contexto se advierte que algunos poderes industriales y financieros se han alzado con la propiedad de los grupos multimedios vinculados a la industria de la cultura de masas y los negocios de la comunicación y la información.
Estos conglomerados multipropósito, en asocio con fracciones todo-terreno de la clase política, han tomado -igualmente- el control de los centros en que los poderes públicos adoptan decisiones y medidas regulatorias estratégicas para los sectores económicos, políticos, sociales, culturales, tecnológicos y mediáticos del país.
Los cuadros directivos y profesionales de estos conglomerados transitan libremente y sin control alguno por la puerta giratoria que se instala y extiende entre los intereses económicos legítimos del sector privado y el cumplimiento de las funciones públicas de las entidades del Estado.
Como consecuencia de tal situación, los planes de negocio corporativos privados se confunden con las agendas informativas y noticiosas de los medios, las cuales terminan por ser trazadas en los directorios políticos, los cónclaves de las industrias espirituales y las juntas directivas de las empresas propietarias de los medios o las organizaciones dueñas de un amplio portafolio de inversión en la pauta publicitaria.
De esta forma, llega el punto en que la opinión y la información como bienes públicos no se diferencian de las intencionalidades de los publirreportajes corporativos.
En el marco de este cambio de roles, la sala de redacción termina ejecutando la agenda y la línea editorial trazada en la otra sala de juntas, en tanto que las unidades investigativas de los medios se convierten en otras unidades de negocios, las cuales focalizan sus actividades en la atención a la demanda y en últimas, en la prestación de servicios de denuncia e informativos, a la carta.
Mientras aceleradamente se transforma toda esta estructura de propiedad de los medios y se replantean sus relaciones con los sectores políticos y las rutinas de producción informativa y de trabajo mediático, las audiencias se sumergen -plácidamente- en las pantallas audiovisuales o en los océanos del ciberespacio, con el propósito de no llevar sobre sus hombros el peso de la realidad cotidiana, evadir sus deberes ciudadanos y ahorrarse los dolores que conlleva la construcción de una verdadera democracia mediática en Colombia.
En tanto, el sector de la comunicación y los medios avanzan por ese sendero, en el salón de la justicia, los centros de producción de conocimiento y sus investigadores disponen de poco tiempo para asumir el estudio crítico y sistemático de estas nuevas y espinosas realidades mediáticas, por cuanto, se encuentran realizando estudios y consultoría para sustentar el accionar del sector público y/o privado, responsables de este estado enfermizo de cosas.
Otra parte de la masa crítica prefiere refugiarse en el análisis de temas menos estructurales como la farándula. Algunos entienden y viven los problemas derivados de la concentración de los multimedios e incluso levantan un poco el tono crítico en la intimidad de las aulas, pero, finalmente, prefieren no patear la lonchera de la cátedra ni las expectativas legítimas de acceso a los jugosos recursos de los proyectos mediáticos del sector público o privado. Legítima opción de vida.
Por otra parte, los organismos internacionales, los Estados, los gremios de medios y periodistas, las academias, los estudiantes de comunicación y periodismo, los propietarios de los conglomerados multimedios, así como los ciudadanos más acuciosos, participativos y comprometidos con la libertad de expresión, tampoco tienen mucho tiempo para reparar en todas estas transformaciones en el control corporativo del campo mediático en el país, pues, hoy como ayer, están muy ocupados celebrando la defensa de la bandera histórica de la libertad de prensa en Colombia o mirando la paja en el ojo ajeno.
Desde otra arista, el Estado colombiano ha permitido la oferta de cerca de un centenar de programas académicos de formación relacionados con la comunicación y/o el periodismo. En la primera década del siglo XXI Colombia alcanzó cifras de 4.500 comunicadores/periodistas graduados anualmente.
El sueldo promedio de un comunicador/periodista profesional es de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cerca de 500 dólares americanos. Una tasa de retorno muy exigua para profesionales de la comunicación y el periodismo que son retenidos por cerca de 5 años en las aulas universitarias.
Por supuesto, hablemos de la libertad de prensa pero en todas sus dimensiones, por ejemplo: la tasa de retorno que reciben los estudiantes por su inversión en formación profesional en comunicación/periodismo, las políticas laborales de las empresas de medios que emplean a los profesionales del sector y la justa aspiración de trabajo decente en los medios de comunicación públicos y privados en el país.
Como si fuera poco, los gobiernos de turno - Nacional y Regionales- manejan -a sus anchas- los contenidos y los recursos financieros de los operadores públicos de medios en el país.
Adicionalmente, en Colombia, las entidades del Estado en el nivel central y descentralizado, nacional y territorial, departamental y municipal, manejan jugosos recursos públicos de publicidad y pauta oficial que, ante la falta de regulación específica, son ejecutados con extrema discrecionalidad y sesgo en la asignación de contratos; afectando el libre mercado de la pauta, la libertad e independencia periodística en el control del poder público y la vigilancia mediática de la actividad social, política y económica privada, así como distorsiona el cubrimiento equilibrado de la contienda política electoral.
En Colombia, el poder ejecutivo presidencial tiene el control absoluto de las entidades de inspección y vigilancia de los medios, redes y servicios de telecomunicaciones.
En materia de veracidad e imparcialidad de la información, algunos agentes de los medios, se comportan más como agitadores sociales, militantes políticos y bufones de los poderes políticos, económicos y religiosos que como profesionales de la libertad e independencia periodística.
Y para completar: ¡se cayó el WhatsApp!
¿Será que los defensores de la democracia estamos llamados a seguir reivindicando esas formas de enfermedad pública en la relación entre la Ciudadanía, el Estado, la Democracia, el Mercado, los Periodistas, los Medios y la llamada libertad de prensa?
Ante este estado de cosas, los demócratas tenemos el deber de precisar y acordar cuál es entonces la libertad de prensa que vamos a defender.
Toda esta nueva realidad social ya no cabe en los marcos de la estrecha y añeja categoría de la "libertad de prensa", la cual, finalmente, no era nada distinto que la posibilidad de imprimir sin permiso previo.
En ese contexto se advierte que algunos poderes industriales y financieros se han alzado con la propiedad de los grupos multimedios vinculados a la industria de la cultura de masas y los negocios de la comunicación y la información.
Estos conglomerados multipropósito, en asocio con fracciones todo-terreno de la clase política, han tomado -igualmente- el control de los centros en que los poderes públicos adoptan decisiones y medidas regulatorias estratégicas para los sectores económicos, políticos, sociales, culturales, tecnológicos y mediáticos del país.
Los cuadros directivos y profesionales de estos conglomerados transitan libremente y sin control alguno por la puerta giratoria que se instala y extiende entre los intereses económicos legítimos del sector privado y el cumplimiento de las funciones públicas de las entidades del Estado.
Como consecuencia de tal situación, los planes de negocio corporativos privados se confunden con las agendas informativas y noticiosas de los medios, las cuales terminan por ser trazadas en los directorios políticos, los cónclaves de las industrias espirituales y las juntas directivas de las empresas propietarias de los medios o las organizaciones dueñas de un amplio portafolio de inversión en la pauta publicitaria.
De esta forma, llega el punto en que la opinión y la información como bienes públicos no se diferencian de las intencionalidades de los publirreportajes corporativos.
En el marco de este cambio de roles, la sala de redacción termina ejecutando la agenda y la línea editorial trazada en la otra sala de juntas, en tanto que las unidades investigativas de los medios se convierten en otras unidades de negocios, las cuales focalizan sus actividades en la atención a la demanda y en últimas, en la prestación de servicios de denuncia e informativos, a la carta.
Mientras aceleradamente se transforma toda esta estructura de propiedad de los medios y se replantean sus relaciones con los sectores políticos y las rutinas de producción informativa y de trabajo mediático, las audiencias se sumergen -plácidamente- en las pantallas audiovisuales o en los océanos del ciberespacio, con el propósito de no llevar sobre sus hombros el peso de la realidad cotidiana, evadir sus deberes ciudadanos y ahorrarse los dolores que conlleva la construcción de una verdadera democracia mediática en Colombia.
En tanto, el sector de la comunicación y los medios avanzan por ese sendero, en el salón de la justicia, los centros de producción de conocimiento y sus investigadores disponen de poco tiempo para asumir el estudio crítico y sistemático de estas nuevas y espinosas realidades mediáticas, por cuanto, se encuentran realizando estudios y consultoría para sustentar el accionar del sector público y/o privado, responsables de este estado enfermizo de cosas.
Otra parte de la masa crítica prefiere refugiarse en el análisis de temas menos estructurales como la farándula. Algunos entienden y viven los problemas derivados de la concentración de los multimedios e incluso levantan un poco el tono crítico en la intimidad de las aulas, pero, finalmente, prefieren no patear la lonchera de la cátedra ni las expectativas legítimas de acceso a los jugosos recursos de los proyectos mediáticos del sector público o privado. Legítima opción de vida.
Por otra parte, los organismos internacionales, los Estados, los gremios de medios y periodistas, las academias, los estudiantes de comunicación y periodismo, los propietarios de los conglomerados multimedios, así como los ciudadanos más acuciosos, participativos y comprometidos con la libertad de expresión, tampoco tienen mucho tiempo para reparar en todas estas transformaciones en el control corporativo del campo mediático en el país, pues, hoy como ayer, están muy ocupados celebrando la defensa de la bandera histórica de la libertad de prensa en Colombia o mirando la paja en el ojo ajeno.
Desde otra arista, el Estado colombiano ha permitido la oferta de cerca de un centenar de programas académicos de formación relacionados con la comunicación y/o el periodismo. En la primera década del siglo XXI Colombia alcanzó cifras de 4.500 comunicadores/periodistas graduados anualmente.
El sueldo promedio de un comunicador/periodista profesional es de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cerca de 500 dólares americanos. Una tasa de retorno muy exigua para profesionales de la comunicación y el periodismo que son retenidos por cerca de 5 años en las aulas universitarias.
Por supuesto, hablemos de la libertad de prensa pero en todas sus dimensiones, por ejemplo: la tasa de retorno que reciben los estudiantes por su inversión en formación profesional en comunicación/periodismo, las políticas laborales de las empresas de medios que emplean a los profesionales del sector y la justa aspiración de trabajo decente en los medios de comunicación públicos y privados en el país.
Como si fuera poco, los gobiernos de turno - Nacional y Regionales- manejan -a sus anchas- los contenidos y los recursos financieros de los operadores públicos de medios en el país.
Adicionalmente, en Colombia, las entidades del Estado en el nivel central y descentralizado, nacional y territorial, departamental y municipal, manejan jugosos recursos públicos de publicidad y pauta oficial que, ante la falta de regulación específica, son ejecutados con extrema discrecionalidad y sesgo en la asignación de contratos; afectando el libre mercado de la pauta, la libertad e independencia periodística en el control del poder público y la vigilancia mediática de la actividad social, política y económica privada, así como distorsiona el cubrimiento equilibrado de la contienda política electoral.
En Colombia, el poder ejecutivo presidencial tiene el control absoluto de las entidades de inspección y vigilancia de los medios, redes y servicios de telecomunicaciones.
En materia de veracidad e imparcialidad de la información, algunos agentes de los medios, se comportan más como agitadores sociales, militantes políticos y bufones de los poderes políticos, económicos y religiosos que como profesionales de la libertad e independencia periodística.
Y para completar: ¡se cayó el WhatsApp!
¿Será que los defensores de la democracia estamos llamados a seguir reivindicando esas formas de enfermedad pública en la relación entre la Ciudadanía, el Estado, la Democracia, el Mercado, los Periodistas, los Medios y la llamada libertad de prensa?
Ante este estado de cosas, los demócratas tenemos el deber de precisar y acordar cuál es entonces la libertad de prensa que vamos a defender.
Toda esta nueva realidad social ya no cabe en los marcos de la estrecha y añeja categoría de la "libertad de prensa", la cual, finalmente, no era nada distinto que la posibilidad de imprimir sin permiso previo.
JUAN CARLOS GARZÓN BARRETO
Abogado Especialista en Regulación y Gestión de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia.
Abogado Especialista en Regulación y Gestión de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia.
